Maria Dolores Tortosa
Sábado, 27 de junio 2015, 00:36
La conmoción en el PSOE por la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, en el caso de los ERE subió ayer un grado más con el anuncio de este último de permanecer en su escaño en el Congreso en contra de la orden de su partido. Viera optó por entregar el carnet del PSOE y pasar al grupo mixto. De esta forma mantiene su aforamiento y evita que la causa pase al juzgado de Sevilla y a la magistrada Mercedes Alaya.
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La pesadilla no va a terminar para los socialistas con la facilidad que anhelaban. El PSOE también se vio sobrepasado por la decisión de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías de posponer por el momento la entrega del acta de diputado hasta que la sala de admisión del Tribunal Supremo delibere sobre la exposición razonada del juez instructor Alberto Jorge Barreiro, que los acusa de prevaricación administrativa por la concesión de ayudas «ilegales y arbitrarias». Es decir, hasta que desde el punto de vista técnico se haga firme la imputación por el alto tribunal, cosa que no se haría si dejan de ser aforados, aunque los dos confían en que en lugar de esto la causa contra ellos sea archivada.
Una decisión contraria a la que tomó José Antonio Griñán al renunciar a su escaño en el Senado, aunque hubiera dejado de serlo esta semana que viene al renovarse los representantes autonómicos en la cámara alta. La voluntad de Chaves y Zarrías, no obstante, es la de dejar el Congreso, pero no sin intentar quemar un último cartucho para demostrar y salvar su inocencia.
En este sentido tiene cabida el escrito presentado ayer por Zarrías ante la sala de admisión para que paralice el suplicatorio hasta que no resuelva sobre su recurso para que se archive la causa. Chaves y Zarrías no pueden recurrir la exposición razonada de Barreiro, pero el segundo intenta un resquicio para lograr que los tres magistrados de la sala de recursos acabe revisando las conclusiones del instructor.
Parece entonces que el secretario de Organización del PSOE, César Luena, se precipitó al anunciar que Chaves y Zarrías habían puesto a disposición del partido apenas una hora después de que el juez Alberto Jorge Barreiro emitiera su exposición razonada. Fuentes jurídicas ven lógico que mantengan el escaño porque de no hacerlo perderían el aforamiento y no podrían recurrir ante el Tribunal Supremo. Chaves y Zarrías, pasadas 24 horas, no se han dado de baja pese a que se anunció que la renuncia sería inmediata. De hecho el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, volvió a manifestar en la mañana de ayer que la dimisión de los aforados debe ser «inmediata».
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Técnicamente, sostienen algunas fuentes en el PSOE, no están imputados. Solo existe, agregan, una exposición razonada del instructor. Los socialistas recuerdan el caso de José Blanco, que el 7 de junio de 2013 fue imputado en el Supremo por tráfico de influencias en el caso Campeón y solicitó el suplicatorio al Congreso. Blanco no renunció a su escaño, recurrió y la instancia superior del alto tribunal archivó por unanimidad la investigación el 18 de julio de ese mismo año.
La diferencia entre ambas situaciones radica en que entre medias los socialistas han vivido una puja de firmeza contra la corrupción. El código ético del PSOE no habla de renuncias al escaño y señala que solo con la apertura de juicio oral los dirigentes afectados serán expulsados. Pero Pedro Sánchez y la presidenta andaluza Susana Díaz se enzarzaron en un cruce de declaraciones para demostrar quién era más exigente ante los corruptos y ambos coincidieron en que cuando los afectados por el caso de los ERE fuera imputados deberían dejar sus escaños en el Congreso o en el Senado. José Antonio Griñán dejó el suyo en la Cámara alta antes de que el Supremo tomará decisión alguna.
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Además está el compromiso público de Susana Díaz en el acuerdo con Ciudadanos para su investidura de que pediría por escrito a Manuel Chaves su renuncia si era imputado. Chaves se vio forzado incluso a manifestar en público que no se postularía para las próximas elecciones, aunque nunca ha dicho que dimitiría de su cargo electo de diputado.
Recurso de Zarrías
Pero tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz se reafirmaron ayer en que Chaves y Zarrías tienen que renunciar a sus actas parlamentarias «de manera inmediata», sin esperar más. Sánchez incluso amenazó con la expulsión si no lo hacen así. Algo que sería muy traumático para los socialistas, no en vano Chaves ha sido presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años y presidente del partido otros 12. Es historia del PSOE. Sánchez aseguró que fue «muy duro y doloroso» tener que pedirles el jueves que abandonaran sus escaños, pero se reafirmó en que deben abandonar el Congreso.
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Los socialistas dan por descontado que ambos no acudirán ya al Parlamento, pero temen que solo harán efectiva su renuncia cuando el Supremo responda a su recurso.
Ahora falta por saber si Sánchez y la dirección del PSOE permiten esta situación. La ejecutiva socialista se debate entre mantener la firmeza y forzar que ambos dejen sus escaños en el Congreso o permitir que mantengan la condición de parlamentarios hasta que el alto tribunal responda al recurso. Con Blanco tardó mes y medio, pero ahora se podrían acortar los plazos porque agosto es un mes inhábil a efectos judiciales, y la Sala del Supremo es posible que tome una decisión para finales de julio.
Y si no es así. Chaves y Zarrías tampoco tienen mucho más tiempo. La posibilidad de que Rajoy adelante las elecciones a septiembre olbligaría a la disolución del Parlamento en julio. Todo hace indicar que deberán dejar el escaño antes de esa fecha por la presión del propio partido. Fuentes del PSOEandaluz daban por hecho de que Chaves y Zarrías dimitirán si no el lunes el martes de esta semana.
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Viera «libera» al PSOE
La postura de retrasar la dimisión del expresidente y exconsejero no trascendió a lo largo de la tarde. Pero sí la de José Antonio Viera, quien por la mañana se presentó en la sede provincial del PSOE en Sevilla para darse de baja como militante. Luego confirmó que no va a dimitir como diputado, sino pasar al grupo mixto. Viera explicó que hace esto para «liberar» al PSOE «de cualquier responsabilidad». Con ello trata de evitar su paso a la jurisdicción deSevilla y de la jueza Alaya, a falta de que el Poder Judicial decida qué parte de los EREllevará a partir de ahora una vez ha dejado de ser titular del juzgado número 6.
El temor a Alaya tiene su lógica. El sucesor de Viera como consejero de Empleo, Antonio Fernández, estuvo cuatro meses en prisión preventiva hasta pagar más de 400.000 euros como fianza. Alaya, además, ha puesto cifras millonarias como fianza civil a los cargos políticos imputados, que han obligado a estos a embargar sus propiedades.
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Viera fue secretario provincial del PSOEen Sevilla, a cuya sombra creció políticamente Susana Díaz. El exconsejero, no obstante, no tiene buena relación con la presidenta, desde que ambos se enfrentaron en 2012 por el control del partido en Sevilla y ganó la entonces consejera de Presidencia.
El PSOE andaluz expresó su repulsa por la decisión de Viera de no querer soltar el sillón de diputado. La propia presidenta, Susana Díaz, tuvo palabras duras, al exigir a Viera que deja su acta de concejal porque lo es al ser presentado bajo las siglas del PSOE.
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Baja de militancia
«En el grupo socialista no va a haber ningún imputado; este señor iba en las listas del Partido Socialista y por higiene democrática debía entregar su acta al Partido Socialista, que así se lo ha pedido», declaró la presidenta a los periodistas.
«Por higiene democrática tiene que entregar su acta, como le ha pedido el PSOE, ponerla a disposición del partido, renunciar y dimitir del escaño», dijo referente a Viera, aunque estas palabras también pueden ir dirigidas a Chaves y Zarrías.
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A ninguno de estos, no obstante, el PSOEle pedirá la baja de militancia en el partido. En este caso sí se seguirá el código ético del PSOEaprobado en Valencia y no tendrán que abandonar el partido hasta que se abra juicio oral.
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