Las jefas de Formación de Málaga y Granada se niegan a declarar ante la juez Alaya

Hasta el momento, han comparecido ante la juez ocho de los diez jefes de servicio a los que imputó los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones".

De los ocho comparecientes, seis se han acogido a su derecho a no declarar y dos sí han respondido a las preguntas de la juez y de las distintas partes personadas. Mañana cerrarán las comparecencias Manuel Gavilán, jefe de servicio en Córdoba, y Daniel Fito, responsable de la jefatura en Sevilla.

Uno de los que ha declarado, el jefe de servicio de Formación en Granada entre el 2007 y el 2011, Magín Bolívar, aseguró que avisó a sus superiores del volumen importante de justificaciones pendientes de cursos y subvenciones, aunque no tuvo éxito en sus gestiones.

Tras esa contestación, la juez Alaya le recordó que en diciembre del 2012, en la Delegación de Granada había casi 44 millones de euros pendientes de justificar.

El jefe de servicio de Formación en Almería entre 2008 y 2013, Blas Méndez, que también declaró, afirmó que no se explicaba las irregularidades observadas por la Intervención en la gestión de los cursos de formación y justificó el "desorden" de los expedientes por la actuación de la empresas que se encargó del escaneo.