Cinco nuevos imputados por el 'caso Edu' niegan irregularidades ante el juez

El juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado hoy declaración a otros cinco imputados en relación con el caso del presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, conocido como 'caso Edu'

Se trata de una empresa a la que se le concedió una subvención de más de 100.000 euros por parte del SAE para un curso de peluquería para 15 alumnos, con un compromiso de contratación de nueve. La formación fue impartida por los hijos del que consta como administrador y de la directora del centro. Todos ellos han negado irregularidades, además han manifestado que el curso se realizó de forma completa y que los nueve alumnos comprometidos fueron contratados, según explicaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes han asegurado que los cinco imputados han ofrecido versiones distintas sobre la ausencia o falta de control por parte de la Junta de Andalucía sobre este curso y han manifestado que ésta aún les adeuda un 25% de los más de 100.000 euros concedido en la subvención.

Las declaraciones de hoy corresponden a los responsables de una de las 17 empresas que obtuvieron subvenciones -por algo menos de dos millones de euros en global- en la convocatoria de ayudas del 15 de diciembre de 2010. Posteriormente, las investigaciones se ampliaron a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en otras 10 subvenciones concedidas a otras tantas sociedades.

En el caso Edu se investigan presuntos delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta en sus informes a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior, en relación con varias empresas.

Falsedades en los partes de asistencia

Los investigadores concluían que las supuestas irregularidades se habrían producido tanto previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; y también posteriores, al incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o por la falta de control o falsedades en los partes de asistencia.

Desde el pasado mes de abril han declarado ante el instructor ocho personas relacionadas con dos empresas, una que impartió un curso de soldadura de estructuras metálicas y otro de auxiliar de protésico dental. En estos ambos casos, los imputados han coincidido en que no hubo inspección por parte del SAE durante la celebración del curso, tan sólo un control interno de los propios centros.