Manuel Chaves declara hoy ante el Supremo por el caso de los ERE

El presidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves declarará esta mañana a partir de las 10.00 horas ante el juez del Tribunal Suprem Alberto Jorge Barreiro, quien le interrogará sobre su participación en el sistema de las ayudas sociolaborales y a empresas investigadas por fraudulentas.

Chaves acude a declarar de forma voluntaria, pero en calidad de imputado, acompañado de su abogado, Pablo Jiménez de Parga. Es el tercero de los aforados que declara en el Tribunal Supremo después de que la pasada semana lo hicieran el diputado socialista José Antonio Viera y el expresidente de la Junta José Antonio Viera.

Chaves declaró en la comisión de investigación del Parlamento en septiembre de 2012 que su responsabilidad fue «poner en marcha una política concreta (el sistema de ayudas sociolaborales) para tratar de salvar puestos de trabajo, ayudar a los trabajadores que tenían dificultades para recolocarse y garantizar la viabilidad de las empresas».

También aseguró desconocer el procedimiento administrativo con el que se aplicaba dicha política, que según la jueza Mercedes Alaya era ilegal, razón por la que elevó al Supremo indicios de delitos contra el expresidente y resto de aforados. «Yo no podía conocer miles de procedimientos, miles y miles de iniciativas de todos los organismos y consejerías de la Junta de Andalucía», afirmó en el Parlamento.

Chaves defenderá, como hizo Griñán, la legalidad del sistema de las transferencias de financiación y que su mal uso fue el que derivó en el supuesto desvió en las ayudas, que también situará a partir de las decisiones en la Dirección General de Trabajo. Tachó de «hechos aislados y excepcionales» lo ocurrido.

La justicia investiga el desvío de más de 140 millones de euros en 855 millones de euros concedidos entre 2000 y 2012 para prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis, pero Alaya considera que todas las subvenciones se hicieron de forma ilegal. La magistrada ha caldeado la declaración de los expresidentes con un nuevo auto en el que acusa a la Junta de «menospreciar» y «desoír ejercicio tras ejercicio» los informes de la Intervención General que alertaba de deficiencias en la tramitación y pago de los ERE.

El juez Barreiro también interrogará esta semana al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y la próxima a la también exconsejera de Presidencia Mar Moreno. El juez ya cuenta en su mesa de despacho con el informe que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil sobre las actuaciones de ambos en relación con los ERE. el informe, que analiza los acuerdos de 16 consejillos (consejos a los que asistía los viceconsejeros como paso previo a los consejos de Gobierno) concluye que no hay escritos en los que Zarrías y Moreno estén de forma explícita relacionados con los ERE, si bien diferencia al primero de la segunda.

Respecto a Moreno, afirma que no participó en ninguna decisión relativa a los ERE. De Zarrías, sin embargo, afirma que presidió 12 consejillos en los que se aprobaron ayudas y modificaciones presupuestarias de las ayudas. También alude a terceros que hablan de relaciones con Juan Lanzas, imputado.