Griñán, primer presidente andaluz en declarar como imputado ante un juez por los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía comparece desde las 10.00 de esta mañana ante el juez instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, Jorge Alberto Barreiro. Ha entrado a pie y acompañado de su abogado, José María Povedano, y no ha hecho declaraciones.

Es la primera vez que un presidente del Gobierno andaluz comparece ante un tribunal en calidad de imputado. Lo hace a petición propia, antes de que el alto tribunal decida si acusarle o no de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por su papel en el caso de las ayudas sociolaborales y a empresas presuntamente fraudulentas siendo consejero de Hacienda y Economía (2004-2009) y presidente de la Junta (2009-2013).

Griñán quiere explicar su desconocimiento de que en la concesión de tales ayudas, que supusieron 855 millones de euros desde 2000 a 2012, se produjera un fraude, aún sin concretar pero que se baraja en más de 140 millones de euros.

El ahora senador por la comunidad andaluza responderá a las preguntas del instructor, fiscales, acusación y abogado defensor para clarificar que no tuvo ninguna responsabilidad directa o indirecta ni en la concesión de las ayudas ni en el procedimiento administrativo empleado para su otorgamiento, las llamadas transferencias de financiación. La jueza instructora de la macrocausa en Sevilla, Mercedes Alaya, considera que el sistema administrativo utilizado durante una década fue ilegal y que la cúpula de los gobiernos socialistas de esta etapa conocía su irregularidad. Alaya cree que el sistema de pago de las ayudas, a través de la agencia IDEA, luego IFA, se hizo para escapar al control previo y establecer así concesiones arbitrarias del dinero público.

Alaya cree que debía conocer las advertencias del interventor

En la exposición razonada enviada por Alaya al Supremo, esta considera que Griñán debió conocer las advertencias que en 2005 hizo el interventor general Manuel Gómez, también imputado, sobre lo inapropiado del procedimiento. Esas advertencias llegaron a la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, también imputada, pero esta aseguró en su día en el Parlamento que no dio traslado al consejero, entonces Griñán. Alaya no lo cree así- "Pensar que la señora Martínez Aguayo no le dio traslado oportuno es presuponer en la misma un ánimo de ocultación deliberado sin sentido alguno".

Griñán argumentó en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento en 2012 que nunca conoció las advertencias porque estas no eran de actuación, es decir avisando con piloto rojo de menoscabo de fondos públicos. Dijo entonces que el interventor no pasó al piloto rojo porque no vio menoscabo del dinero público.

Alaya además hace responsable a Griñán, como también a su predecesora Magdalena Álvarez, del uso inadecuado de las transferencias porque estas fueron incluidas en los presupuestos y ellos eran los que los elaboraron. La defensa de Griñán, a través de un informe de dos catedráticos universitarios, argumenta que el sistema de las transferencias no es ilegal y responsabiliza a los cargos de la Consejería de Empleo de su mal uso.

Alaya también incide en la supuesta responsabilidad de Griñán en el conocimiento del sistema porque como titular de Hacienda aprobó aumentos de partidas presupuestarias para la concesión de las ayudas, que desde 2005 a 2009 ascendieron a 33,1 millones de euros.

Sobre todo ello Griñán expondrá su versión de lo que ocurrió. El juez instructor cuenta sobre su mesa con el informe de la Intervención General del Estado que avala la tesis de Alaya y contradice el informe de la defensa de Griñán.