El ex delegado de Empleo en Málaga Juan Carlos Lomeña, entre los detenidos por los cursos de formación

El delegado de Empleo de la Junta en Málaga, Juan Carlos Lomeña, una responsable de la UTE gestora del CioMijas y un ex gerente de este centro se encuentra entre los 16 detenidos hoy por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de una nueva operación por el presunto fraude en los cursos de formación impartidos con fondos públicos, que investiga la jueza Mercedes Alaya. Las indagaciones se concentran en esclarecer diferentes conductas, presuntamente delictivas, relacionadas con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

Los agentes han detenido, por el momento, a 14 ex directivos políticos y a dos que ejercen su responsabilidad actualmente, los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fue alcalde de Nerva (Huelva).

Los 16 detenidos se reparten entre los dos delegados de la Junta en Huelva y Sevilla, siete exdelegados de Empleo, cuatro ex directores generales de Formación, los citados responsables del CioMijas, y otro de un consorcio de formación de Almonte (Huelva), han informado fuentes judiciales.

Otra de las detenidas es la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, que es cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, imputado por la juez Alaya en la causa que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación.

Entre los exdelegados de Empleo detenidos se incluye el que ocupó su responsabilidad en Sevilla, Antonio Rivas, que también está imputado por el caso de los ERE.

Las detenciones se han practicado después de los informes de la Intervención General de Andalucía relativos a las irregularidades en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Está previsto que esta tarde pasen a disposición judicial algunos de los detenidos en la macrooperación contra el fraude en los cursos de formación, en la que hay además cinco imputados.

La juez Alaya decretó en enero pasado el secreto parcial del caso relativo a los cursos de formación ante la "gravedad" del fraude que detectó en los consorcios y los "entramados empresariales" del sector de formación y lo amplió tras analizar los informes de la Intervención sobre el SAE.