El Supremo cita a declarar como imputados a Griñán y Chaves los días 9 y 14 de abril por el caso de los ERE

El juez instructor del 'caso ERE' del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha citado a declarar como imputados a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, los días 9 y 14 de abril, respectivamente. El magistrado también pone fecha para las declaraciones como imputados de los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, quienes deben acudir al alto tribunal los días 7 de abril, 16 y 21 del mismo mes, respectivamente. Los expresidentes y exconsejeros, que habían solicitado declarar de forma voluntaria, acuden en calidad de imputados y con abogado, aclara el juez en una providencia hecha pública esta mañana.

El juez los cita a todos para que comparezcan en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones como presidentes del Gobierno de la Junta y como consejero de Hacienda (en el caso de Griñán), consejeros de Presidencia (en el de Moreno y Zarrías); y en el de Empleo (en el de Viera), todos ellos con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de la referida autonomía, así como las prestadas a personas físicas desde 2000 a 2012.

Todas las citaciones serán justo después de las elecciones autonómicas andaluzas, previstas para el día 22 de marzo.

El Supremo sigue sin pronunciarse sobre los posibles delitos en los que los citados aforados pudieron haber incurrido. El juez instructor, de hecho, no ha pedido el suplicatorio al Congreso y el Senado, que sería necesario para procesarlos o la toma de medidas cautelares, al ser los expresidentes senador (Griñán) y diputado (Chaves). El alto tribunal abrió una causa judicial sobre los expresidentes y exconsejeros a tenor de la exposición razonada de la jueza Mercedes Alaya, quien los considera partícipes de forma directa o indirecta de un sistema de ayudas sociolaborales que tacha de ilegal basándose en un informe de la Intervención General del Estado de diciembre de 2013. Según la jueza, ese procedimiento se hizo para escapar al control y permitió el fraude en 855 millones de euros de ayudas sociolaborales (ERE) y a empresas concedidas desde 2000 a 2012. Este dinero permitió prejubilaciones a 6.096 personas, pero hubo 126 intrusos, es decir, personas que sin derechos eran incluidos en las empresas subvencionadas. También se investiga las ayudas en torno a 70 millones de euros a empresas en crisis, muchas, de forma arbitraria y sin reunir los requisitos, se concedieron a la zona norte de Sevilla.

Ampliación de investigación

El juez, en la misma providencia, solicita a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), que amplíen la pericia realizada en su día para responder a los diferentes extremos en los que la defensa contradice a la aportada por los expertos del referido organismo oficial, en referencia al informe de los catedráticos aportada por el abogado de Griñán en el que alega que no hay ilegalidad alguna en el uso de las transferencias de financiación.

El juez también reclama a los citados peritos que informen sobre las actas de los 'consejillos' (reuniones de los viceconsejeros presididas por los consejeros de Presidencia en los que se debaten los temas a tratar en los consejos de Gobierno) de los años 2000 a 2012. En concreto, pide el instructor que los peritos informen a este sobre los temas que trataban relativos a modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de controles financieros, al anteproyecto de presupuestos confeccionado por la Consejería de Economía y Hacienda, y a cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía y a personas físicas.

Reclama así mismo a la Junta de Andalucía numerosa documentación en su día también remitida a la jueza Mercedes Alaya. Toda la documentación solicitada parece estar relacionada con el procedimiento administrativo para la aprobación de las ayudas, que la magistrada considera ilegal y diseñado adrede para ocultar las ayudas al control previo.

En concreto solicita: los documentos firmados por las personas competentes para ello, dentro de las Consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa, que eran remitidos a la Dirección General de Presupuestos, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, con las propuestas de anteproyecto de presupuestos de cada uno de los años comprendidos en el periodo 2000 y 2012, ambos inclusive; los documentos firmados por la persona que ejercía en IFA-IDEA las competencias presupuestarias relacionadas con la remisión al órgano gestor de la Consejería de Empleo, hasta el año 2004, y al órgano gestor de la Consejería de Innovación a partir del año 2005; los documentos mediante los cuales el consejero de Economía y Hacienda remitió el anteproyecto de presupuesto del Consejo de Gobierno de los años 2000 a 2012; Pide de la misma forma, los acuerdos del Consejo de Gobierno de esos años en los que se decidió remitir el proyecto de ley de Presupuestos al Parlamento.