La investigación del 'caso Edu' tardará casi un mes en llegar a los juzgados

Fuentes cercanas al caso han informado hoy a Efe de que se espera que la mayoría de las personas a las que se les está tomando declaración policial queden en libertad, unas con cargos y otras no, y que no sean citadas por los jueces instructores hasta que éstos hayan examinado los atestados.

Ello puede suponer que transcurran varias semanas hasta que la investigación entre en la fase de citaciones judiciales, según las fuentes, que han insistido en que todas las declaraciones que se están realizando estos días son policiales.

Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía seguirán de esta forma la misma secuencia que en meses anteriores en las pesquisas relativas al caso Edu, que saltó en abril de 2014 tras hacerse pública una investigación iniciada a raíz de una denuncia de la Seguridad Social.

En la investigación de Edu Costa, en la que al menos han sido ya detenidas 17 personas y que afecta a 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones de euros, hay implicados varios cargos públicos municipales del PSOE y del PP.

Entre ellos figura la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez y el concejal del PSOE de Roquetas de Mar (Almería) Juan Fernando Ortega Paniagua.

En Málaga, declara hoy ante la Policía el concejal del PP en Rincón de la Victoria Manuel Sánchez, quien ha asegurado a Efe que está "tranquilo" y no tiene "nada que ocultar", y ha añadido que está aportando toda la documentación de que dispone para acreditar que no hay irregularidades y que la Junta le adeuda incluso 5.700 euros.

Sánchez, que posee un restaurante y solicitó -cuando aún no era concejal- en noviembre de 2010 una subvención para impartir cursos de formación de cocina y hostelería, cree que su expediente está "perfecto" y sus "deberes están bien hechos".

El edil ha mostrado su disposición a colaborar en la investigación de los cursos y ha confiado en que permitirá dirimir quién es culpable o no.

En la provincia malagueña, las investigaciones se centran en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz en dos convocatorias de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de 4 de noviembre y 15 de diciembre de 2010.

Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones al estar relacionadas con el control y concesión de las ayudas.

En la primera parte de la investigación, el caso Edu, se detectaron, entre otras supuestas irregularidades, falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos e incumplimiento en la contratación de alumnos o anomalías en los partes de asistencia.

Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.

En abril pasado, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en las que se habían detectado irregularidades "numerosas, persistentes y graves"