La jueza Alaya requiere a la Policía Nacional que abandone la investigación de los cursos

El conflicto latente entre los Cuerpos de Seguridad del Estado puede estallar del todo tras el escrito dirigido ayer por la jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que insta a la Policía Nacional a abandonar la investigación sobre los cursos de formación para que la realice en exclusiva la Guardia Civil.

Alaya, que ya apartó a la Policía Nacional de la investigación de los ERE, quiere cortar así las investigaciones que lleva a cabo este cuerpo, que fue quien tenía entre manos las pesquisas de casos como el presunto fraude del entramado de empresas del exconsejero Àngel Ojeda. El Cuerpo sospechaba de los intentos de Alaya de retirarle del caso, por lo que fuentes cercanas atribuyeron a esta pugna el lanzamiento, el pasado mes de agosto, de la operación en la que fue detenido el citado exconsejero, en Sanlúcar de Barrameda.

Precisamente a este caso alude la magistrada en su escrito y dice que la Policía «actuó parcialmente, cuando el tema rea objeto de investigación por parte de este Juzgado, con las consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable». Por ello, Alaya dirige oficio al director general de la Policía y hace constar que esta actuación de verano «pone en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas».

Alaya pide a la Policía que «cesen de inmediato tales actuaciones y se haga entrega a este Juzgado de las actuaciones practicadas relativas a las presentes».

Sin fotos de Montes

Además, la jueza ha dictado un auto por el que pide a las fuerzas de seguridad que eviten que se hagan fotografías a Teodoro Montes, testigo en este caso, y a demás requiere a los medios de comunicación, tanto escritos como televisión, para que «en lo sucesivo y bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial, omitan reproducir la imagen del testigo, bien evitando su fotografía o pixelando su rostro íntegro». Otro tanto rige para portales digitales.

Montes, para quien el fiscal ha pedido trato de «testigo protegido», será conducido en vehículo oficial y tendrá una dependencia para su uso exclusivo «debidamente custodiado» cuando esté en dependencias judiciales sin practicarse diligencias.