Los inmigrantes llegados a Tarifa están ya en libertad, pero con orden de expulsión

Catorce días después de tener que hacer frente a una emergencia inédita, por la llegada de 1.240 inmigrantes en pateras desde Marruecos, la Delegación del Gobierno y Cruz Roja dieron ayer por terminada su asistencia a este contingente de personas en Tarifa. Los últimos inmigrantes abandonaron este lunes el segundo de los pabellones deportivos donde tuvieron que ser acogidos, ante el desbordamiento de los Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de la zona. En este pabellón, junto a la playa, los viandantes podían ver a los jóvenes subsaharianos paseando por el patio, mientras en un muro lateral, una pintada ponía de relieve la contradicción en la zona, entre los surferos y los 'balseros'.

Los inmigrantes fueron llevados a comisarías de Algeciras, La Línea, San Fernando y Cádiz, donde se les ha entregado una orden de expulsión y se les ha dejado en libertad.

Cruz Roja ha movilizado 196 voluntarios en total, para dar atención en los diferentes relevos a los rescatados, en un dispositivo que ahora se queda en el retén habitual, para atender el goteo intermitente de pateras en el Estrecho, que ha vuelto a detenerse tras la reanudación de la actividad de control por la Marina Real Marroquí, tras los dos días de bajar la guardia para descongestionar Tánger del elevado número de subsaharianos concentrados. También han participado 567 funcionarios de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo.

Por otra parte, el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de ocho años y un día de prisión impuesta el pasado mes de enero por la Audiencia Provincial de Cádiz al patrón de una patera que llegó en diciembre de 2102 a Tarifa con 30 inmigrantes a bordo, entre ellos una mujer embarazada y cuatro bebés.

El alto tribunal rechaza el recurso de casación presentado por el condenado, Yusupha Conteh, que dijo ser uno más de los pasajeros, previo pago de 400 euros, aunque reconoció que se hizo cargo de la barca al huir de ella los verdaderos tripulantes, que le indicaron dónde se encontraba España y le dieron los remos, por lo que él se puso al frente ante el peligro que corrían todos los ocupantes. Se da por buena la prueba preconstituida -no ratificada durante el juicio- que fue la declaración ante la Policía de dos de los ocupantes que le señalaron como responsable, ya que «era previsible que personas en situación administrativa irregular pudieran ausentarse de España».