Alaya afirma que el sistema de los ERE tenía una «directriz política»

El sistema de los ERE dio lugar a «una red clientelar de beneficiarios respecto del PSOE andaluz» durante una década y fue una «directriz política» que fue «avalada por quienes tenían que hacerlo», encabezados por el presidente de la Junta Manuel Chaves. Así lo describe la jueza Mercedes Alaya en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Supremo ante los indicios hallados en el caso de diversos aforados, los presidentes Chaves y Griñán y ocho exconsejeros.

Alaya describe en su escrito que la red es inaugurada en 2000 por el actual diputado José Antonio Viera, como consejero de Empleo, y funciona durante una década. Las ayudas se concedieron no solo «de forma absolutamente libérrima», sin procedimiento, sino «en beneficio de empresas y personas cercanas a UGT y CC OO o bien próximos a la Administración y al PSOE andaluz». Entre quienes avalaron la «directriz política» sitúa junto a Chaves a su «asesor permanente» Gaspar Zarrías, en la etapa inicial, aunque involucra también a los sucesivos responsables de Empleo y de Innovación, cuando pasó a ser competente sobre el IFA/IDEA, y de Hacienda, desde 2004 a cargo de Griñán.

Alaya detalla que en los cuatro años de Viera en empleo se otorgaron 317,2 millones de euros en ayudas al margen del procedimiento legal, entre ellas 5,4 millones en facturas a despachos de abogados y mediadoras.

Viera fue quien inició el sistema y tanto él como su sucesor, Antonio Fernández, «deliberadamente quisieron omitir todo el procedimiento legalmente aplicable y todos los controles de la intervención para disponer de los fondos públicos a favor de los terceros por ellos determinados o elegidos» dice la jueza. Durante la etapa de Fernández las ayudas concedidas a cargo del programa 31L ascendieron a 385,2 millones y creció tanto la cuantía individual como los intrusos.

Durante la siguiente etapa, de Manuel Recio al frente de Empleo y Antonio Ávila en Innovación, las ayudas irregulares se cuantifican en 46.4 millones. Entonces era ya Griñán presidente de la Junta y la jueza le atribuye a éste la misma «decisión política» que su antecesor, ahora con la asistencia de Mar Moreno en Presidencia. Incluso cree que la regulación de estas ayudas llevaba a cabo por Griñán «se exteriorizaba» la vulneración.

Agravios

Alaya destaca el trato de favor a la Sierra Norte de Sevilla, por la relación personal de Viera con la comarca, un agravio comparativo que cifra en 30,9 millones concedidos frente a 34,9 en el resto de Andalucía. Almería recibió 4 ayudas y Sevilla, 184, por ejemplo, durante ocho años.

Otro elemento de agravio: el coste medio por trabajador incluido en un ERE sufragado por la Junta ascendía a 155.336 euros, cantidad que dista mucho de las cuantías de las prestaciones asistenciales, dice la jueza para desmentir que este fuera el fin del sistema.

La jueza destaca que muchas de las ayudas eran inferiores a 1.200.000 euros, para evitar que tuvieran que ser aprobadas en consejo de gobierno, y que el consejero Viera «omitió cualquier justificación o verificación del destino.

Entre los beneficiarios aparece el chófer de Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y uno de los principales implicados. Juan Francisco Trujillo, el chófer de la coca, recibió 450.000 euros. Alaya considera que los máximos responsables de la Consejería y del IFA tenían que conocerlo.

La trama de comisiones

La jueza dedica su atención a las sobrecomisiones pagadas a las agencias Vitalia y Uniter, presuntamente pactadas por Empleo y las mismas empresas, que inició Viera y que Fernández mantuvo, y que considera innecesarias, muy superiores al mercado y que se concedieron sin concurrencia. Asegura que su implantación fue «una decisión política para mantener el equilibrio entre empresarios y trabajadores a través de la financiación de unos y otros por parte del gobierno». Además, dice Alaya que «engrasaban la red clientelar a base de ayudas públicas arbitrarias».

Su pago «debía ser conocido y autorizado» por el presidente Chaves y por Zarrías, persona «de su absoluta confianza» y «muy próximo» a Juan Lanzas, incluso «mentor o jefe» del conseguidor. Lanzas habría cobrado entre 2001 y 2007 de Vitalia 6.684.883 euros. Era además comercial de Estudios Jurídicos Villasís y al margen del sueldo cobró entre 2006 y 2007 548.427 euros de Uniter. Las mordidas alcanzaron a Guerrero, que habría recibido también pagos de 248.400 en fracciones de menos de 3.000 euros.

En total Uniter percibió 29,8 millones y Vitalia 36,2, casi todo con cargo a fondos públicos de la Junta. Más de la mitad fue durante la etapa de Viera, dice la exposición.

De estas sobrecomisiones los sindicatos recibían porcentajes de entre el 1 y el 1,5% de las primas. Los principales beneficiarios fueron Temiqui, de UGT, que percibiría entre Viera y Fernández casi medio millón de euros de ambas aseguradoras; ITG, también de UGT, superó el millón 200 mil ; la Federación de Industria de CC OO unos 549.000; Atlantis Asesores, de CC OO, recibe casi un millón de euros de Uniter y sus sociedades. FTQ Asesores Recursos Humanos, de CC OO, cobró en torno a los 500.000 euros.