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Maria Dolores Tortosa
Sábado, 28 de junio 2014, 01:09
La Audiencia Provincial de Sevilla vuelve a advertir a la jueza Mercedes Alaya sobre posibles irregularidades en la instrucción del caso de los ERE. En esta ocasión avisa a la magistrada de haber podido «conculcar el derecho de defensa de los imputados» al hurtar a las partes las declaraciones ante la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil de 13 cargos de la Junta de Andalucía en relación al sumario. El tribunal insta a la magistrada a la entrega «inmediata» de tales declaraciones, en su mayoría cargos relacionados con la agencia IFA-IDEA.
«No traer al proceso esas declaraciones policiales, cuya incorporación ya estaba acordada en resolución judicial no dejada sin efecto, no solo incumple el principio de la publicidad de la instrucción para las partes, al no estar declaradas secretas las diligencias, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados», afirma el auto de la Audiencia.
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, aseguró ayer que tiene la «intuición» de que cuando el caso de los ERE fraudulentos vaya al Tribunal Supremo y al TSJA «se disolverá como un azucarillo», y ha rechazado la teoría del «contubernio» por parte de los aforados. En una entrevista con Efe, Cano Bueso ha cuestionado la «dilación» en la instrucción de este caso por parte de la juez Mercedes Alaya y se ha mostrado convencido de que el caso «va a desmembrarse» cuando llegue a las instancias superiores. En lo que se refiere a los aforados, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, o los distintos exconsejeros, «esto puede quedar en comportamientos administrativos irregulares en la mayoría de ellos». Cree que los comportamientos penales «Podrían quedarse en el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y a lo mejor en algún diputado, pero no los expresidentes ni los exconsejeros», dijo.
La resolución estima el recurso de los abogados José María Mohedano y AntonioUceda en nombre de los imputados Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, exdirectores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía, y de Pablo Millán y Juan Vela, exdirectores generales de Finanzas del IFA. Al reclamar a la jueza Alaya las declaraciones de los altos cargos argumentaron que una «instrucción a espaldas de las partes resulta más propia de un sistema inquisitorial, que deberíamos suponer erradicado».
Contradicción
Los magistrados dicen que les «extraña» la «contradicción en la que ha incurrido la señora magistrada» sobre este asunto, pues en la parte dispositiva del auto de 7 de noviembre de 2013 «ordenaba que se remitieran por la UCO las declaraciones prestadas en esa Unidad de Policía Judicial, conforme a la relación que esta última realizó, mientras que en el auto que se recurre de 7 de febrero de 2014 justifica y santifica la remisión de tan sólo dos de esas 15 declaraciones, bajo el argumento de que su incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la UCO está confeccionando desde el año 2012», en alusión a IDEA.
Los magistrados recuerdan que en una causa «tan prolija» se investigan a altos cargos de la Junta por supuesta comisión de delitos. «En consecuencia, el contenido de esas declaraciones prestadas en sede policial pudieran ser de sumo interés para las defensas de los imputados» para contrarrestar los posibles indicios que de esas declaraciones «pudieran pesar sobre los ya imputados», añade.
Los magistrados insisten en que la falta de incorporación «de esas reiteradas declaraciones puede conculcar el derecho de defensa que desde la imputación corresponde al denunciado» conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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