La Junta decide personarse en la causa por las facturas falsas de UGT

Un día después de conocer las primeras conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de facturas falsas de UGT, el Gobierno andaluz se decidió a dar el paso y anunció que se personará en la causa. La UCO, por orden del Juzgado número 9 de Sevilla, lanzó el martes una gran operación contra la trama de sindicalistas y empresas que sustentaba estas prácticas fraudulentas y detuvo a catorce personas, entre ellas el ex tesorero de la central sindical, Federico Fresneda.

El Ejecutivo autonómico comunicó que ha dado instrucciones al Gabinete Jurídico de la Junta para que «analice los posibles perjuicios para la Administración e inicie las acciones oportunas en defensa de los intereses públicos, una vez que los procedimientos judiciales lo permitan, para la personación en la causa», que está siendo investigada por el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez. Asimismo, la Oficina del Portavoz indica en un comunicado público que «como siempre, la Junta de Andalucía colaborará en todo lo que le sea solicitado y contribuya a acelerar la acción de la Justicia».

Recuerda también que continuará la investigación interna abierta en el ámbito administrativo, «con el análisis de los expedientes correspondientes ejercitando las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye en el ámbito de la normativa de subvenciones» para «obtener el reintegro de los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato».

Por el momento, la Junta requiere a UGT la devolución de 1,8 millones de euros por subvenciones que no ha justificado, y tiene en revisión en la Consejería de Economía una veintena de expedientes más, en diversas fases de instrucción, por los que se ha calculado que el sindicato podría tener que reintegrar hasta 17 millones de euros.

Tras la redada efectuada el martes, la Guardia Civil indicó que de sus investigaciones se desprende que durante los últimos doce años el sindicato ha utilizado las subvenciones concedidas con cargo a los fondos de formación para establecer un sistema ilícito y sistemático, que ha constituido la principal vía de financiación del sindicato.

Así, UGT-A tendría una 'caja B' integrada por toda una serie de facturas falsas con las que justificaba ante la Junta las subvenciones que luego utilizaba para fines distintos. Las facturas eran emitidas por empresas suministradoras del sindicato e incluso creadas por éste para 'limpiar' el dinero público. Además, se inflaban o falseaban las cifras y se generaba un «bote» para nuevas actividades. De este modo, en vez de utilizar los fondos en formar parados, el sindicato llegó a organizar comidas en la feria de Sevilla, a pagar maletines falsificados para regalar en un congreso, viajes al Caribe o actividades del propio sindicato.

Fuentes sindicales indican que las redes de esta trama llegaban al PSOE. Así, ayer el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Rojas, esgrimió un convenio firmado entre el detenido extesorero, Federico Fresneda, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para financiar casas del pueblo socialistas. Carlos Rojas reclamó «una explicación a los andaluces, la señora Díaz no se puede esconder más» en un caso que «le afecta de lleno». Además, instó a realizar una auditoría de todos los fondos que la Junta ha entregado a UGT.

Cándido Méndez, secretario confederal de UGT, negó que exista una 'caja B' y dijo que no hay que sacar «conclusiones precipitadas». Para el líder ugetista «no se concibe» ningún tipo de contabilidad paralela, ni financiación irregular, informa Europa Press.