El alcalde de Carboneras se pregunta «si hay que comprar cohetes o explosivos»

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (GICAL), dijo ayer que no pueden estar «eternamente» con la polémica sobre la legalidad del hotel El Algarrobico y pidió que les digan «de una vez si hay que comprar cohetes para celebrar su apertura o explosivos para su demolición». La actual situación del hotel, ubicado junto al mar en el parque natural de Cabo de Gata, «tiene que resolverse ya, porque se hace mucho daño con la publicidad negativa que genera, ya que se habla de pelotazo urbanístico, falta de control medioambiental, corrupción, etcétera, y no de las espléndidas playas del municipio».

El alcalde se quejó de que las obras del hotel llevan ocho años paralizadas «y tememos que tengamos que seguir otros ocho» y señaló que se comenzó a construir «con el beneplácito de todas las administraciones y si se tenía que haber paralizado si incumplía alguna norma, que se hubiera hecho al principio y no cuando el hotel está levantado». Hernández recordó que la Junta de Andalucía y el Gobierno central calcularon el coste de la demolición en 7,5 millones de euros, a los que habrá que añadir entre 30 y 40 millones en indemnizaciones, además de la restauración de la zona, lo que, a su juicio, supondría un montante cercano a los 50 millones de euros.

Fondos de la UE y la Junta

Este coste lo calificó Hernández de «terrorífico, penoso y de juzgado de guardia, si lo tuviéramos que pagar los ciudadanos». También recordó que el hotel se financió en parte con fondos de la UE y que la Junta de Andalucía otorgó en 1995 una subvención de 76 millones de pesetas a la empresa Parque Club El Algarrobico, propietaria de los terrenos, para que los convirtieran al uso turístico. «Los gobernantes servimos a los ciudadanos y no creo que el Ministerio o la Junta de Andalucía estén para tirar 50 millones de euros a la basura», dijo.

Por su parte, Enrique Ruiz, portavoz de Ecologistas en Acción de Almería, declaró que la demolición del hotel es su «punta de lanza para la lucha contra la corrupción política y especulación inmobiliaria, ya que fue un nido de corrupción y ese tipo de construcciones no se pueden permitir en nuestro litoral». «Además, no deja empleo ni rentabilidad económica y la situación judicial está muy complicada por una interpretación del TSJA en la que se dice que hotel es legal en contraposición con otras sentencias anteriores».