EUROPA PRESS
Lunes, 17 de marzo 2014, 22:04
Los grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga, PP, PSOE e IU, han aprobado este lunes por unanimidad en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales instar a la Junta de Andalucía a que adopte con prontitud un protocolo de atención a menores transexuales en centros educativos. De igual modo, han acordado que, mediante sus órganos de participación y dentro de sus posibilidades, el Consistorio colabore en la elaboración y aplicación de esas medidas.
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Se trata de una moción presentada por Izquierda Unida, con la que se muestra también la repulsa de la Corporación municipal a cualquier forma de discriminación motivada por la identidad de género, según ha señalado a Europa Press la portavoz adjunta de la coalición, Antonia Morillas.
Todo ello después de los problemas de integración y respeto de la identidad de género de menores transexuales que se han dado en varios colegios de Andalucía, especialmente en el caso de Gabi, de siete años y que se siente niña, y que, finalmente, fue cambiada de centro por su familia al no acatar el San Patricio, gestionado por la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, que depende del Obispado de Málaga, las recomendaciones de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, especialmente las relativas al uniforme.
La familia de Gabi ha presentado, incluso, una querella contra la directora del colegio San Patricio, como responsable del mismo, y contra el obispo de Málaga , en su calidad de presidente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, al entender que se ha cometido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio.
Pese al anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de que, ante la actitud del colegio San Patricio, iba a iniciar el expediente para retirarle el concierto educativo, el pasado 10 de marzo se decidió mantenerlo, aunque sí se estableció un apercibimiento.
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Petición de ATA
Morillas ha indicado que, aunque la Consejería de Educación ha asegurado que se están dando recomendaciones a los centros, la realidad, tal y como denunció recientemente la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), "es que sigue sin adoptarse un protocolo claro que ponga fin a este tipo de situaciones".
Ha hecho hincapié en que "no es admisible ni aceptable ningún tipo de práctica discriminatoria a cualquier sector de la población y, menos aún, a menores", por lo que, a su juicio, "es imprescindible que todas las administraciones públicas colaboren para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse".
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El portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, anunció el pasado viernes que la futura ley integral de transexualidad se debatiría en el primer pleno de abril de la Cámara autonómica.
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