Mujeres piden la expulsión de un juez que criticó la Ley de Violencia de Género

Una veintena de organizaciones de mujeres han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que expulse al juez de familia de Sevilla Francisco Serrano por su «parcialidad» en su ejercicio profesional y estudian si presentan una denuncia contra el magistrado por prevaricación.

Las principales asociaciones de defensa de las mujeres han remitido al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, un escrito de queja en el que solicitan la apertura de un expediente disciplinario por causa muy grave por sus declaraciones en relación con la violencia de género.

Entre otras manifestaciones, el juez aseguró que «miles de hombres son detenidos por denuncias falsas» a la luz de una normativa inspirada en la «dictadura» del «feminismo radical» y que la Ley Integral encierra «efectos perversos» porque protege «situaciones de abuso».

En el escrito, recuerdan que el juez preside la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP), que vinculan con los grupos de hombres que para defenderse de una imputación de maltrato acusan a sus parejas de manipular a sus hijos para que pierdan su custodia.

Investigación

Las mujeres solicitan que se investiguen «las condiciones en que se viene desarrollando el ejercicio profesional» del titular del juzgado de familia número 7 de Sevilla, para determinar si «los presupuestos básicos de su ideología personal le permiten ponderar con racionalidad la temática social de la violencia de género» de que se ocupan los juzgados como el que dirige.

Para Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, «todas esas ideas son repetición de lo que dicen los grupos de maltratadores y se convierten en altavoces de los que agreden».

«El juez está ejerciendo un maltrato institucional y psicológico», que emplea «para hacer daño a las mujeres, como hace cualquier maltratador, que utiliza el teléfono o a los niños para seguir insultando y maltratando», aseveró Covadonga Naredo, de la Federación Progresista de Mujeres.

Además, alegan que estas declaraciones inciden en el proceso de recuperación de las víctimas del maltrato. Según la doctora Lola Aguilar, del Centro de Recuperación Integral de Mujeres y Niños víctimas de violencia de género, «hace que la mujer retroceda en su proceso de recuperación y que piense que no le van a creer porque crean que denuncia en falso».

Acciones legales

Ángela Cerrillo, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, recordó que si algunos casos acaban en absolución o archivo, no es porque las denuncias hayan sido falsas, «sino por la dificultad, en ocasiones, de probar el maltrato».

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, anunció que están analizando si inician otras acciones legales contra el juez .

«Estamos valorando si la falta de objetividad e imparcialidad del juez hace que esas resoluciones que dicta sean injustas y que lo sean a sabiendas», señaló Besteiro, quien opina que no está facultado para aplicar la ley de violencia de género.

«Es como si una persona que defiende las acciones de ETA, juzgara a personas de ETA», concluyó.