Qué hacer con los niños criminales

Están los hechos, luego vienen las interpretaciones. El 17 de abril, un niño de ocho años fue violado en Motril por otro de 15 mientras su pandilla grababa la agresión en vídeo. El 2 de julio, cinco menores y un adulto violan en Baena a una niña de 13 años a plena luz del día en una piscina pública. El pasado domingo, otra niña de la misma edad es violada en Isla Cristina por siete menores. Los tres hechos ocurrieron en Andalucía y tanto las víctimas como la mayoría de los victimarios eran menores.

El carácter espeluznante de los casos retrotrae a episodios especialmente turbadores, como el de Sandra Palo, la joven que en 2003 fue violada, atropellada y quemada en Getafe por tres menores y un chico de 18 años, o el todavía más inquietante de los británicos Jon Venables y Robert Thompson, que cuando tenían diez años, en 1993, mataron a James Bulger, de dos años. La alarma y el estupor han vuelto a suscitar un debate sobre la condición «inimputable» de los menores de 14 años en el ordenamiento jurídico español, la idoneidad de la Ley del Menor y las fallas en la educación.

¿Es preciso rebajar le edad penal para castigar y evitar este tipo de comportamientos? «Si lo que queremos evitar es la comisión de hechos delictivos, lo fundamental es investigar las causas de la delincuencia», dice Octavio García Pérez, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. García Pérez cree que a partir de ahí «sería posible actuar sobre las circunstancias que llevan a cometer delitos» y evitarlos. «Cuando nos planteamos rebajar la edad para castigar a edades más tempranas, no nos movemos en esta dirección, pues simplemente sancionamos al que ha cometido un delito, pero ni sabemos por qué lo ha hecho ni hacemos nada para que otros no lo hagan. Castigando al que ya ha cometido un delito no vamos a evitar que se sigan produciendo delitos porque no estamos combatiendo sus causas», asevera García Pérez. En este sentido, los que abogan por rebajar la edad penal lo justifican en que hay menores con problemas sociales que no están siendo atendidos por las entidades de protección y ante la inacción de éstas, sería necesario que actuara la justicia.

Patuca Fernandez Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid, y Javier Baeza, sacerdote en la parroquia San Carlos Borromeo, niegan que comportamientos como los de Baena e Isla Cristina queden impunes: «No es cierto. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no denotan un incremento de los delitos cometidos por menores. Sin embargo, desde 2001 se han incrementado las plazas en centros cerrados y semiabiertos. En Madrid, en 2000, había tres centros de reforma, y en la actualidad hay quince. Se interna a los niños que cometen delitos bajo un reglamento homólogo a la normativa de adultos, pero sin las garantías jurídicas aplicables a estos. Cuando vemos a menores en cárceles de niños no hay ninguna diferencia en la estructura con las prisiones de adultos. No podemos obviar que las personas nos construimos en contextos determinados. ¿Qué contexto es una cárcel para construir vidas que comienzan?».

Prevención

«Sacar a los menores del ámbito del derecho penal ha sido una conquista histórica de la civilización», piensa Luis Carlos Nieto, juez de menores en Ávila. El magistrado cree que «evitar que la sanción penal se instale en personas que están en un periodo muy temprano de su desarrollo es la razón de ser de la justicia de menores». Por eso, las medidas que se pueden imponer por la jurisdicción de menores deben centrarse en prevenir futuros comportamientos delictivos. El endurecimiento de las leyes puede tener un efecto simbólico en momentos de conmoción social, pero no tiene relación con una disminución de los delitos. De hecho, desde la publicación de la ley, todas las reformas han ido introduciendo parámetros del derecho penal de adultos mientras que las estadísticas sobre delitos cometidos por menores permanecen sin variación significativa.

«Si nos planteáramos responsabilizar mayormente al menor, ello debería comportar sin ninguna duda también una creciente responsabilidad del entorno social inmediato (y no tanto), hasta sobrepasar incluso, según casos y circunstancias, el límite de la posible imputabilidad penal». Son palabras de Joan Badía, psicólogo clínico del hospital San Juan de Dios de Barcelona. Y sigue preguntándose: «¿Qué hacían esos menores a esas horas, en qué circunstancias las familias sabían o ignoraban las vivencias e inquietudes de sus allegados? El legislador debería incorporar medidas de protección a las familias con la finalidad de que éstas puedan seguir siendo agentes relevantes de la educación de sus hijos».

¿Hay una quiebra de valores y tabúes? «No creo que se pueda hablar de una quiebra de valores», estima García Pérez. «Lo que sucede es que a veces a ciertos menores no les llegan los valores porque las instancias que se ocupan de su transmisión no cumplen con su papel». Fernández Vicens y Javier Baeza encienden otra alarma: «Los niños son el saco de boxeo de nuestra sociedad. Los que más sufren los problemas que afectan a la sociedad española. El mundo del menor es la caja de resonancia de los desastres de los adultos. Cuando una sociedad teme a los menores, es que está gravemente enferma».