Las 800 antenas que hay en Málaga son suficientes para garantizar la cobertura

El debate abierto sobre la posibilidad que contempla la Ley de Telecomunicaciones de que las operadoras puedan reclamar la expropiación de azoteas para instalar antenas vuelve a poner el foco sobre estas instalaciones, que periódicamente generan polémica. En Málaga, al menos, no será necesario recurrir a esta fórmula a medio plazo, ya que los 800 emplazamientos de repetidores existentes en la capital son suficientes para garantizar la cobertura. Así lo expone José Luis Casado, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, para quien la clave no es poner nuevas, sino adaptar las ya existentes a las nuevas tecnologías de acceso rápido a Internet a través del móvil (4G).

«La ciudad está cubierta, porque no se expande, sino que la población está concentrada», explica, y añade que en cada mástil caben varias antenas, que son los elementos que hay que renovar para mejorar el acceso a los servicios de datos. «Habrá que instalar más emplazamientos en las nuevas urbanizaciones que se construyan, pero no es necesario un despliegue masivo sino solo en casos y sitios puntuales».

Esta es la tónica general en los principales municipios, donde únicamente se producen momentos de saturación por la alta afluencia de turistas a la Costa del Sol en verano; aunque a los operadores no les compensa buscar enclavamientos para esos picos porque el resto del año estarían infrautilizados. En cambio, Casado sí reconoce que hay zonas de la provincia donde no hay suficiente cobertura de antenas ni de cable, porque hay pocos usuarios y no compensan las inversiones necesarias para el despliegue.

Otra cuestión es que muchas de las instalaciones se ubican en edificios públicos, ya que las administraciones están obligadas a aceptarlas, por tratarse de un servicio prioritario; pero también por la posibilidad de obtener unos ingresos extra nada desdeñables.

Solo nuevas urbanizaciones

Establecer el número total de 'sites' (como se conocen el argot profesional) de la provincia es complicado, ya que las empresas de telefonía son reacias a facilitar los datos. Existe un registro del Ministerio de Industria, con un mapa de ubicación de estas infraestructuras, pero su análisis tampoco es fácil.

Fuentes del sector consultadas por este periódico indicaron que la principal compañía, Movistar, cuenta con algo más de mil, con un promedio de seis antenas en cada ubicación. El resto de operadores suman una cifra similar, y en estos puntos de conexión conviven servicios de 2G, 3G y 4G. Además, es habitual que, como recuerda el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, cada emplazamiento lo compartan tecnologías y operadores diferentes.

En cuanto a las necesidades que se producirán a largo plazo, fruto de la construcción de nuevas urbanizaciones, Casado asegura que se negociará puntualmente con las comunidades, como ha ocurrido hasta ahora, sin necesidad de expropiar nada. Además, el avance de la tecnología hace que sean necesarios menos puntos de acceso para garantizar la misma cobertura.

Presiones de las operadoras

Bien distinta es la versión que ofrecen los administradores de fincas. El decano del Colegio, Fernando Pastor, considera que el cambio de la ley viene motivada por el hecho de que en los últimos años numerosas comunidades han decidido rescindir los contratos por las dudas acerca de las emisiones.

«Hemos rescindido los contratos de antenas al vencimiento porque a los vecinos les da miedo, pero ahora nos podemos encontrar con que la operadora alegue que es un enclave especial y lo expropie. Nos lo pueden llegar a imponer», denuncia. A su juicio, el cambio de la ley, que da facilidades a los privados, viene en parte motivado por las presiones de las telefónicas para que no se puedan retirar de sus ubicaciones actuales, ya que, a su juicio, tampoco es fácil encontrar comunidades que las acepten de buena gana, a pesar de los ingresos extra.

Tampoco se puede obviar en este punto el malestar que ha generado entre los propietarios la tendencia común de las empresas a renegociar a la baja las rentas que pagaban inicialmente, y que han pasado de una media de 10.000 a 12.000 euros al año, a finales de la década anterior, a casi la mitad (6.000-7.000 euros). Paradójicamente, aunque la tendencia es a retirar estos elementos de las azoteas, Pastor reconoce que las operadoras no están buscando alternativas: «No existe apenas oferta». Ahora, con las nuevas antenas consiguen más cobertura, y por eso necesitan menos emplazamientos.