Alaya ha implicado ya a más de 50 cargos de la Junta andaluza en el 'caso ERE'

El último auto de la jueza Mercedes Alaya en el que imputa a 24 miembros de los consejos rectores de la agencia IDEA de varios delitos da un nuevo salto «cualitativo» en el número de cargos, excargos y técnicos de la Junta de Andalucía a los que la magistrada implica en el conocido como 'caso de los ERE'. Con 14 nuevos nombres, entre ellos dos exconsejeros, Alaya eleva ya a más de 50 los altos cargos de los gobiernos socialistas de una década implicados en lo que ella llama la «estructura piramidal» que ideó y consintió el «sistema ilegal de subvenciones públicas» que hizo posible el fraude del dinero de la Consejería de Empleo destinado a ayudas sociolaborales y empresas en crisis. El total de imputados en el sumario alcanza los 187.

Una estructura piramidal que Alaya dejó claro en el auto del 18 de diciembre pasado que debe cerrarse con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aunque esto no lo decidirá ella por tratarse de aforados, sino el Tribunal Supremo si asume la doble tesis de la magistrada sevillana: Primero, que el procedimiento para el pago de las ayudas de Empleo a través de IDEA mediante transferencias de financiación era ilegal porque no se ajustaba a lo exigido para una subvención; y segundo, que todos los cargos imputados o señalados (en el caso de los aforados) fueron artífices, partícipes o consentidores del citado sistema a sabiendas de su ilegalidad con la intención de otorgar subvenciones sin control y de manera arbitraria.

La jueza les atribuye a casi todos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y en algunos casos falsedad documental, acusaciones que de corroborar el Supremo en el futuro llevarían al banquillo de los acusados a siete exconsejeros de Economía y Hacienda (luego dividido en dos consejerías), Empleo e Innovación (ahora unido en una); otros tantos viceconsejeros y a más de una veintena de directores y secretarios generales, además de los expresidentes de la Junta aludidos.

Mismo diseño político

Alaya ha insistido en la connivencia política con tozudez, pese a que ninguno de los imputados o testigos han reconocido en las declaraciones ante ella o la Guardia Civil tales extremos. Tampoco los informes en los que se apoya la jueza de la Cámara de Cuentas o de la Intervención General del Estado, que sí reconocen responsabilidad política en el descontrol de las ayudas y la utilización de un sistema no apropiado, se atreven a calificar este de ilegal o señalar confabulación política en su puesta en marcha.

En el último auto en el que imputa a los miembros de los consejos rectores de IDEA por votar las ayudas supuestamente ilegales, Alaya se extraña de la «unanimidad» y de que ninguno «pusiera reparo», lo que le hace concluir que su «funcionamiento plenamente acorde respondía a un mismo criterio, a un mismo diseño político del que eran partícipes», que debía «haber sido previamente establecido».

En dicho auto imputa a dos banqueros muy conocidos, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el expresidente de El Monte, José María Bueno Lidón. No incluye en la lista a otro banquero famoso en los noventa, Isidoro Beneroso Dávila, que también fue vocal del consejo rector de IDEA, según el acta de una reunión reseñada en el auto. Los tres fueron cargos vinculados al PSOE antes que banqueros, aunque Beneroso fue también asesor de un consejo de sabios de Javier Arenas (PP) tras ser forzado a salir por los socialistas de El Monte.

La jueza resalta en el auto la relación política de Medel y Lidón. Así recoge que este fue secretario de Industria hasta 2001 y Medel, viceconsejero de Economía y Hacienda en 1986, pese a que éste ya es presidente de la Caja de Ronda en 1987 y desde 1991 de Unicaja, dos fechas muy alejadas de los hechos investigados.

La teoría de Alaya arranca desde que en marzo de 2011, recién iniciada la investigación, pidió las 480 actas de los consejos de Gobierno desde 2001 a 2010 pese a que había aceptado a la Junta de Andalucía personarse como acusación. Desde entonces sus pesquisas siempre han apuntado a los responsables políticos y técnicos de los gobiernos socialistas de ese periodo en el fraude en las ayudas sociolaborales y a empresas pagadas desde la Consejería de Empleo (850 millones de euros desde 2000 a 2011) con cargo a la partida 31L, ya conocida para siempre con el sobrenombre de 'fondo de reptiles', al bautizarla así el principal responsable de su gestión durante nueve años, Francisco Javier Guerrero.

Alertas

Mercedes Alaya tenía como base para sus pesquisas las 15 alertas del interventor sobre irregularidades y descontrol en el pago de los ERE, por las demasías presupuestarias que provocaba (93 millones de euros en un año). Los cargos de la Junta se defendieron con que las alertas no habían avisado de menoscabo de fondos públicos.

El exdirector general de Trabajo fue junto al delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas los primeros cargos de la Junta de Andalucía imputados por Alaya, en aquellas ya lejanas primeras semanas de 2011 en las que la revelación de 'intrusos' en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por la Junta parecía ser el meollo del fraude (Guerrero coló a su suegra y Rivas a un concuñado). Hoy esta parte del sumario es casi anecdótica.

La detención e ingreso en prisión de Guerrero en marzo de 2012 como la del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en abril estuvo vinculada todavía a los graves hechos del fraude en las ayudas y los intrusos. No fue hasta junio de 2013 cuando Alaya dio el «salto cualitativo» de imputar a 20 cargos y excargos, entre ellos la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, como presuntos responsables del procedimiento ilegal. Tres meses después señaló en un polémico auto a Chaves, Griñán y a los exconsejeros José Antonio Viera, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila. Con el último auto completa la lista de altos cargos de tres consejerías y de la agencia IDEA de una década. Alaya pretende con su interrogatorio «concretar» las responsabilidades de los aforados antes de enviar la 'pirámide' de cargos al Tribunal Supremo.