Alaya embarga seis inmuebles y cinco cuentas bancarias a Magdalena Álvarez

La jueza Mercedes Alaya ha decretado el embargo de seis inmuebles y cinco cuentas corrientes a Magdalena Álvarez para cubrir la fianza civil de 29,5 millones de euros impuesta como medida cautelar tras ser imputada en el caso de los ERE fraudulentos. La magistrada, no obstante, estima que no son «suficientes teniendo en cuenta las cantidades que se les exige», por lo que ordena investigar el patrimonio de la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta y ahora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) «en busca de más bienes inmuebles por si los tuviere». Alaya señala en la orden de embargo firmada este lunes, pero dada a conocer a las partes en la mañana de ayer, que la «averiguación patrimonial integral» de la exministra de Fomento se haga mediante la aplicación informática del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según se explica en la web del CGPJ, el Punto Neutro Judicial es una red de servicios que ofrece a los órganos judiciales información mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos del propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones (entidades financieras, registros, colegios profesionales) con la finalidad de facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar la seguridad y de mejorar la satisfacción de los usuarios para que se les garantice la inmediatez y el derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los tribunales.

La jueza ya advierte en el decreto de que en el caso de que los bienes señalados por el imputado «no son suficientes, se embargará además los que considere necesarios». La relación de inmuebles y cuentas que ahora embarga la magistrada es la presentada por el abogado de Magdalena Álvarez para hacer frente a la fianza civil.

Álvarez ofreció como garantía seis bienes inmuebles, cinco de ellos en mitades indivisas. Tres están en Málaga: un piso en la capital y otros dos inmuebles, uno en Arroyo de la Miel y otro en Estepona. La exconsejera de Hacienda de la Junta también presentó como garantía un piso en Sevilla y otra vivienda en Madrid, esta con un local. Las cuentas aportadas están en Sabadell, La Caixa, Caja Laboral y un banco en Luxemburgo, donde está la sede del BEI.

La jueza pide que las entidades notifiquen el saldo de las cuentas dos meses anteriores a la recepción del oficio. También reclama el embargo de las posibles devoluciones de la Agencia Tributaria a la imputada.

El alzamiento de los bienes se produce una semana después de que la Audiencia Provincial de Sevilla desestimara el recurso de Álvarez y confirmara su imputación en el caso de los ERE. Alaya, no obstante, no esperó a la deliberación de la Audiencia, sino que un mes antes, el pasado 12 de marzo, dictó la petición de una fianza civil de casi 30 millones de euros a la exministra, nueves meses después de su primera imputación y cinco de su segunda declaración.

Alaya deslizó con gran dureza en el auto de la fianza «la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan», en referencia a Álvarez y a dos de sus subordinados cuando era consejera de Hacienda. Alaya considera a Magdalena Álvarez artífice, «en connivencia con otros», de un «procedimiento ilegal de concesión de subvenciones» que se prolongó entre 2000 y 2011. Álvarez siempre negó que el procedimiento fuera ilegal.

Pese a que ni la Fiscalía ni la mayoría de las partes personadas pidieron medidas cautelares o fianza contra la exministra (solo Manos Limpias reclamó 125 millones), la magistrada decidió una cifra de las más altas en el caso de los ERE. Para ello hizo el cálculo 'grosso modo' de la cantidad defraudada, en torno a 177 millones de euros, de los que 22 correspondían al tiempo en que Álvarez estuvo al frente de Hacienda de la etapa investigada, entre los años 2000 y 2003.

Ruiz Mateos no declara

José María Ruiz Mateos, hijo del dueño de la empresa Rumasa imputado en el caso de los ERE, no compareció ante la jueza. Su abogado presentó un escrito en el que dio cuenta de que no había sido citado en su domicilio, por lo que la magistrada deberá volver a enviarle la notificación para que comparezca como imputado. Es el quinto hijo de Ruiz Mateos imputado. La jueza le considera conocedor de las irregularidades en los ERE del hotel Cervantes y de Dhul.