La Junta avaló las cuentas de La Cónsula que ahora considera irregulares

La Junta de Andalucía avaló las cuentas de La Cónsula de 2008 que ahora considera irregulares. Así queda acreditado en la documentación a la que accedió este periódico y donde el interventor de la Delegación de Empleo y el entonces delegado provincial de esta consejería -que en aquellas fechas tenía las competencias en materia de formación- aprobaron la liquidación de las subvenciones de fondos europeos de las que ahora el gobierno autonómico reclama la devolución de 575.330,18 euros que considera que no están suficientemente justificados.

En su reunión de 15 de enero de 2010, el consejo rector del consorcio de La Cónsula (la Junta participa en un 80% y el Ayuntamiento de la capital, en un 20%) aprobó por unanimidad de sus miembros la liquidación del presupuesto de 2008, según se recoge en el acta que pudo conocer SUR. Asistieron a esa reunión el delegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña; el entonces concejal de Churriana, José Hazañas, en representación del Consistorio; el director de la escuela de hostelería en aquel día, Francisco Oliva; el interventor del consorcio, Enrique Ruiz-Chena Martínez; el secretario del Ayuntamiento de Málaga, Venancio Gutiérrez; y altos funcionarios y responsables de la Delegación Provincial de Empleo.

En ese presupuesto se desglosan los conceptos a financiar por los fondos europeos de formación (se destinaron dos millones de euros): los gastos de personal; los medios y materiales didácticos; los seguros de alumnos y responsabilidad civil; las dietas y desplazamientos; los suministros (energía, agua, gas, combustibles, carburantes y otros); los gastos generales (material de oficina e informático, comunicaciones, servicio de limpieza, aseo y seguridad); conferencias y jornadas; proyecto de movilidad para alumnos; formación del profesorado; e inversiones para la cocina del restaurante o la reposición del utillaje de esta dependencia.

Ahora, y en lo que puede interpretarse como un cambio de las reglas del juego a mitad del partido, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que encabeza el malagueño Luciano Alonso y que desde hace un año es la competente en la materia de formación y consorcios, considera que algunos de los conceptos avalados en 2008 no se ajustan a los criterios de control del dinero público.

Criterios diferentes

La viceconsejera de Educación, Cultura y Deporte, Montserrat Reyes, no quiso facilitar a este periódico el documento de la resolución de reintegro aunque reconoció que en la misma se ponen reparos a que en esas ayudas hay conceptos que no se adaptan a la reglamentación por cuestiones de fondo (facturas que no están suficientemente desglosadas) o de forma (los procedimientos para adjudicar determinados servicios: seguridad, limpieza o adquisición de menaje) y que por ello los verificadores europeos y los técnicos de la consejería exigen la devolución de una parte de unas cuentas a las que, en su momento, otros técnicos de la propia Junta y políticos sí habían dado el visto bueno.

Así, en la documentación consultada aparecen las resoluciones por las que la Delegación de Empleo adjudicó los concursos para contratar los servicios de limpieza y seguridad que ahora están en solfa.

A este respecto, el exdirector de La Cónsula Francisco Oliva censuró que los responsables políticos de la Consejería de Educación «no hayan leído» las resoluciones de concesión de las subvenciones donde se permite la financiación de determinados servicios que ahora se cuestionan. Asimismo, reiteró que «no se pueden juzgar las ayudas de 2008 con los criterios de 2014».