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LEANDRO PAVÓN
Lunes, 14 de abril 2014, 04:09
Una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Málaga falló a favor de la empresa Vías y Construcciones, que había denunciado al Ayuntamiento por una deuda de casi cinco millones de euros. La sentencia desestimó el pago de 2,7 millones de esa cantidad, puesto que el Consistorio la incluyó en el plan de pago a proveedores y fue ya abonada -siendo admitida por la parte demandante-, algo que no hizo con las obras de emergencia, con un valor de 2,3 millones.
A esta cantidad se le suma 778.179 en concepto de subvenciones de la Junta de Andalucía que al no estar justificadas, se han de devolver, pero cuyo dinero se gastó en otras partidas. En total, el Ayuntamiento sumó 4,5 millones de euros en estos conceptos, de los que ya abonó 2,6.
El concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, comparó la operación a la realizada en el centro de salud de la Lobilla, en la que el Consistorio también fue condenado a pagar 300.000 euros a su constructora. Para la ampliación del IES Mar de Alborán, El Ayuntamiento asumió las competencias de la Junta de Andalucía para contratar una empresa que iniciara las obras, algo que ocurrió en 2005. «Entre la sentencia judicial y la devolución de subvenciones, la broma del Mar de Alborán le costará al pueblo de Estepona algo más de tres millones de euros», afirmó
Vías y Construcciones denunció en 2007 el impago de estas obras -que consistían en la instalación de un gimnasio, una cafetería, un ascensor, un almacén, cinco nuevas aulas, laboratorios, seminarios o aseos, entre otras cosas- y las realizadas con carácter de emergencia en el centro.
Junta de Andalucía
El Ayuntamiento adujo ante esta demanda que la obra, al estar financiada por la Junta de Andalucía y no recibir la suma correspondiente para la actuación, no pudo satisfacer algunas de las cantidades adeudadas. Además, especificó que con relación a las obras de emergencia, los técnicos del ente autonómico habían realizado unos informes en los que se ponía de manifiesto diversos errores en el proyecto , como los referidos a los extremos de mediciones y precios aplicados.
En la sentencia, a la que pudo acceder este periódico, se especifica que es el propio Ayuntamiento quien contrató a la empresa que le demandó, exculpando a la Junta de Andalucía por no aportar la financiación. También se alude a que el contrato vinculan a las partes contratantes -Consistorio y empresa- y no son oponibles a terceros.
El juez sí deja la puerta abierta en la sentencia a que el Ayuntamiento pueda denunciar a la Junta de Andalucía por no aportar el dinero prometido para la infraestructura, pero quiso separar esa posible acción legal con la denuncia de la empresa hacia el Consistorio, ya que no quiso tomar en cuenta los pactos internos que tuviera con el ente autonómico para hacerse cargo de ese pago.
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