Investigan a 15 empresas por el supuesto fraude en cursos de formación para parados

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigan un supuesto fraude en los cursos de formación para desempleados en Málaga tienen en el punto de mira a 15 empresas beneficiarias de las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía, que se canalizaron a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Los investigadores, que trabajan en el caso desde hace algo más de un año, en colaboración con funcionarios de la Seguridad Social, solicitaron hace poco más de un mes al Gobierno autonómico toda la documentación relativa a las subvenciones concedidas a esas empresas, según confirmaron fuentes de la propia Junta de Andalucía, que resaltaron la «colaboración» que se está prestando en todo momento a los agentes.

La policía ha puesto la lupa en las ayudas otorgadas por la administración regional en el año 2010 y, para ello, están examinando uno a uno los 15 expedientes bajo sospecha. Algunos de ellos ya están cerrados y otros se encontrarían en fase de comprobación por parte de la Junta de Andalucía, que es la encargada de velar por que se cumplan los requisitos por los que se concedieron las subvenciones.

El posible fraude en el que indagan los agentes se centra en los cursos de formación para desempleados con compromiso de contratación de al menos el 60% de los asistentes durante un periodo mínimo de seis meses. Los investigadores han detectado que, en algunos casos, los seminarios no habrían llegado a impartirse o se dieron a medias, y en otros no se habría contratado a ningún alumno. De ser así, la Administración no habría ejercido las labores de control suficientes para comprobar el uso que las empresas beneficiarias le daban al dinero público.

Para confirmar estos extremos, un grupo de policías de la UDEF se han desplazado esta semana desde Madrid para trabajar sobre el terreno. En los últimos días han tomado declaración a cerca de 200 personas, la mayoría alumnos, en los municipios de Estepona, Fuengirola, Vélez-Málaga, Ronda y la capital.

Hasta el momento no se han producido detenciones en relación al caso, que coordina un juzgado esteponero. Según fuentes cercanas al caso, los investigadores tiene el convencimiento de estar ante la punta del iceberg y pretenden extender sus pesquisas al resto de provincias andaluzas.