La Junta expedienta a ocho bancos por no ceder VPO embargadas a los consistorios

La Consejería de Fomento y Vivienda está empeñada en hacer valer su polémica Ley de Función Social de la Vivienda, pese a que parte de sus disposiciones hayan sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. Ayer, la titular de este departamento, Elena Cortés, anunció en el Parlamento andaluz que ha abierto ocho expedientes sancionadores a otras tantas entidades financieras por no poner 185 viviendas protegidas que han acabado en sus manos por desahucios o daciones en pago a disposición de los registros municipales de vivienda, «con el fin de que fueran asignados a familias que las necesitan». Las posibles sanciones derivadas de estos expedientes ascienden a 11,1 millones de euros.

Las entidades expedientadas por la Junta son Banco Popular (con 97 VPO supuestamente no ofrecidas a los ayuntamientos correspondientes), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2). Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva.

En total, se trata de 185 viviendas protegidas actualmente sin uso que según ha detectado la Junta, no han sido ofrecidas a los registros municipales, que son los que se encargan de establecer los mecanismos de selección para la adjudicación de VPO y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

La obligación de ofrecer las VPO vacías a los registros municipales de demandantes figura en el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. «Los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social», afirmó ayer la consejera de Fomento y Vivienda.

Este periódico se puso ayer en contacto con varias entidades afectadas para conocer su reacción. Los portavoces de Banco Sabadell informaron de que han recurrido la sanción ya que «cumplíamos con los requerimientos de información solicitados por la Junta de Andalucía pero no con el requerimiento de la misma norma autonómica que nos obliga a duplicar la información enviándola adicionalmente a cada uno de los ayuntamientos donde tenemos VPO de forma individual». Además, aseguró que aunque «no existe norma clara y específica sobre cómo y qué información se debe transmitir a cada ayuntamiento», ha procedido «a regularizar la situación informando también a los ayuntamientos». «En estos momentos hemos empezado a recibir cartas de los ayuntamientos que al no disponer de procedimientos claros nos piden más información, información que puntualmente iremos contestando», concluyeron.

Un portavoz de otro de los bancos sancionados calificó la maniobra de la Consejería de «absurda», puesto que la Junta conoce la existencia de esas VPO vacías porque las propias instituciones financieras han informado sobre las mismas al Gobierno andaluz.

Según informó la Consejería de Fomento y Vivienda, cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave. Por ende, el departamento que dirige Elena Cortés ha notificado los expedientes a las entidades con una multa de 60.000 euros por vivienda. Multiplicada esta cantidad por las 185 VPO, sale una cantidad de 11,1 millones.

Cortés puntualizó que estas 185 viviendas «no son las únicas» sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería ha acreditado a partir de la información remitida por las propias entidades financieras tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda. «Todos los inmuebles protegidos deben estar a disposición de los registros municipales de vivienda para ser asignados a familias que las necesitan», señaló la consejera.

Según Elena Cortés, la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Los artículos que permiten sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes según el criterio de la Consejería.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, defendió ayer también la medida adoptada por Fomento, ya que la Ley de Función Social de la Vivienda «así lo exige» y el artículo 20m «no fue recurrido por el Gobierno» por lo que es de «obligado cumplimiento».