Los ayuntamientos, asfixiados por la devolución de los créditos para pagar a sus proveedores

Los tres planes extraordinarios impulsados por el Gobierno central desde 2012 para que ayuntamientos y comunidades autónomas saldaran la gigantesca deuda que arrastraban con sus proveedores han supuesto un balón de oxígeno vital para miles de empresas y autónomos malagueños. Pero esos 400 millones de euros que han llegado a la provincia no van a salirle precisamente gratis a las administraciones morosas, que ahora es precisamente cuando van a empezar a pagar realmente el peaje de haber estado durante años guardando facturas en los cajones. Se han puesto al día con sus proveedores, pero en el mejor de los casos aún le quedan ocho años por delante para hacerlo con los bancos que en mayo de 2012 abrieron el grifo con el aval del Estado. El dinero prestado hay que devolverlo, y con creces, a un tipo de interés oscila entre el 5,5 y el 6%. La cuestión está en que el colchón de dos años de carencia en los que sólo se abonan intereses se acaba, así que en las próximas cuotas se incluirán ya las amortizaciones de capital correspondientes, una situación que, aunque prevista, supone un serio contratiempo para las arcas de los ayuntamientos que se acogieron a este mecanismo extraordinario de financiación, que fueron la inmensa mayoría. De hecho, entre los grandes municipios sólo Málaga y Alhaurín de la Torre pueden sacar pecho de haber pagado en tiempo y forma a sus proveedores sin necesidad de ayuda externa.

Al resto, en cambio, les llega ahora su penitencia con recibos trimestrales que llegan incluso a triplicarse y con la amenaza de que, en caso de impago, Hacienda se encargará de cobrárselo reteniéndoles el dinero que les corresponde por su participación en los ingresos del Estado.

Ése es el caso del Ayuntamiento de Benalmádena, que para poner a cero su contador de facturas pendientes tiene créditos que ascienden a 74 millones, de los que 65 se computaron al primer plan de pago a proveedores aprobado en mayo de 2012. Desde entonces, se venían abonando cerca de un millón de euros por trimestre, una cantidad que ahora que expira el periodo de carencia se elevará hasta los tres millones. Pese al mayor desembolso, desde el Consistorio benalmadense aseguran que «no repercutirá en los servicios que se prestan a los ciudadanos porque este equipo de gobierno lleva año y medio trabajando para disponer de los recursos necesarios para asumir y afrontar estos pagos».

También se lo toman con resignación en Estepona, después de haber incluido en ese primer plan más de ocho mil facturas acumuladas durante una década que sumaban 67 millones. Para conseguir tal cantidad, además de someterse a un severo plan de ajuste, el gobierno municipal tuvo que convencer a diez entidades financieras. «Si venimos pagando 4,5 millones anuales, en 2014 se elevará ya hasta los 7 al empezar a pagar capital, una cantidad que llegará a los 9 millones en 2015», explica el concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, quien reconoce el «enorme esfuerzo» que supone hacer frente a esta deuda que, como recalca, «es consecuencia de una nefasta gestión de quienes gobernaron en esta localidad en los últimos mandatos». Por ello, se lamenta de que «aunque se ha conseguido aumentar los niveles de recaudación tributaria, ese dinero que se ingresa de más no se va a poder destinar a invertir en infraestructuras y equipamientos o a rebajar algunos impuestos porque todo debe ir a pagar lo que otros no pagaron».

Sobrecoste

Aun reconociendo las dificultades, en Mijas prefieren quedarse con lo positivo. «Es el mayor acierto del Gobierno en política económica, porque ha permitido salvar miles de empleos y ha acabado con la injusticia de que los ayuntamientos se financiaran con cargo a los proveedores», apunta el edil de Hacienda, Mario Bravo, pesa a que de las arcas mijeñas saldrán cada año 4 millones de euros para amortizar los préstamos frente a los 1,4 actuales. Menor es la cuota que debe afrontar Marbella, en donde el pago de capital empieza a hacerse efectivo el próximo agosto, momento en el que la cuota trimestral pasará de los 162.625 euros actuales a 486.000. «No nos supone ningún trastorno porque está prevista. Estamos hablando de cantidades asumibles para un presupuesto que se mueve por encima de los 220 millones de euros», presume el coordinador de Hacienda, Carlos Rubio.

Quien no oculta su preocupación es el alcalde de Coín a la hora de afrontar los 430.000 euros trimestrales que la Administración que rige va a empezar a abonar, frente a los 132.000 euros que venía pagando ahora. «Es verdad que el plan de pago a proveedores fue una inyección magnífica para las empresas, pero esa deuda comercial se convirtió en deuda financiera para los ayuntamientos, y veníamos avisando de que nos iban a asfixiar», reconoce Fernando Fernández, quien aboga por que sus compañeros de partido (PP) en el Ministerio de Hacienda estudien la posibilidad de ampliar el periodo de carencia y revisar los tipos de interés, recordando que «cuando se otorgó el primer plan la prima de riesgo estaba por encima de los 600 puntos».