Casi 300 solicitantes de la dependencia han fallecido en Marbella antes de recibir la prestación

Las estadísticas tras las que se esconden personas con nombres y apellidos no dejan de llamar la atención. Un total de 1.946 personas (1.314 en Marbella y 632 en San Pedro) esperan desde hace años que la prestación concedida por la Junta de Andalucía a través de la Ley de Dependencia se haga efectiva. Pero no todos, especialmente quienes solicitan las ayudas en una edad avanzada o con un cuadro médico complicado, tendrán la suerte de ver materializadas en servicios de atención, prestación económica o traslado a un centro especializado su solicitud ya aprobada. En el camino, y según los datos que maneja el área municipal de Bienestar Social, un total de 264 personas (145 en Marbella y 119 en San Pedro) han fallecido mientras esperaban la prestación.

Desde su puesta en marcha, los Ayuntamientos, a través de personal específico contratado con fondos regionales, se vienen ocupando de la tramitación de las solicitudes de la dependencia. Un total de 3.628 de Marbella y 2.061 de San Pedro se han remitido a la Junta desde que entrara en vigor una ley que, para muchas familias, supuso un desahogo a la hora de asegurar los cuidados de sus familiares dependientes. Actualmente, casi 2.800 personas están recibiendo algunos de los recursos que contempla la ley.

Para el edil responsable de Bienestar Social, Manuel Cardeña, «son cifras insuficientes, sobre todo cuando hay un número casi similar con las ayudas aprobadas pero sin que se hagan efectivas», criticó. Para el concejal popular, «es necesario un nuevo planteamiento de la ley, de modo que se tengan en cuenta los requisitos económicos de cada persona antes de reconocerle la dependencia. No es lógico que un solicitante que tiene respaldo económico y otro que no, accedan en igualdad de condiciones. De ahí el colapso de solicitudes y de la imposibilidad que tiene ahora la Junta de hacer frente a estas ayudas que para todas estas personas están aprobadas».

Recortes

En la Delegación de Políticas Sociales de la Junta reconocen la «ralentización» a la hora de dar entrada a nuevos beneficiarios en el sistema, pero igualmente advierten de que la dependencia «es insostenible sin la aportación del Ejecutivo central». «El compromiso de la Consejería es mantener el servicio que se está prestando», indican las fuentes, que añaden que se está dando prioridad a aquellos casos que «se consideran que requieren de más atención». No obvian en la delegación los efectos de los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy, con 314 millones de euros menos a la dependencia este año a nivel estatal. «Si antes el Estado y la Junta asumían al 50% la dependencia, ahora la Junta está soportando el 72%», indicaron. Otro de los argumentos defendidos por la delegación de la Junta es el hecho que el Ejecutivo central «haya retrasado hasta 2015 el reconocimiento para aquellas personas en situación de dependencia moderada».

En lo que coinciden tanto la Junta como el Ayuntamiento es en que tras cada cifra y porcentaje se encuentra un caso humano a la esperad de una solución. Valga como ejemplo el caso de Patricia C. -la familia prefiere no dar a conocer los apellidos-. Su madre y hermana aseguran estas «desesperadas». A sus 29 años, y debido a sus problema mentales, precisa de un internamiento permanente en un centro especializado. La joven cuenta con el reconocimiento máximo de dependencia, y gracias a ello la familia obtuvo un respiro gracias a la ayuda de una asistenta que acudía a casa. La situación de la enferma, defiende su hermana Cristina, «ha empeorado y llevamos dos años reclamando su internamiento. Ni mi madre ni yo podemos con ella en casa». Varios episodios graves hacen temer a esta familia por su integridad física. «Tampoco podemos asumir los 4.000 euros mensuales que cuesta el centro el que ha estado hasta ahora y para lo que hemos contado con ayuda municipal, pero solo un mes», sostiene.