Limasa reclama la devolución de más de 1,5 millones por el céntimo sanitario

Si algo tienen en común la parte privada de Limasa y los trabajadores de la empresa de limpieza es que el coste de sus reivindicaciones siempre lo acaban asumiendo el conjunto de los malagueños. Una situación que vuelve a quedar reflejada en las cuentas de la entidad mixta del pasado 2013, en las que se computa al Ayuntamiento de Málaga una aportación extra que se ha disparado hasta los 8.594.000 euros para que pueda cerrar el ejercicio en positivo, ya que la entidad está obligada por contrato a dar un 2% de beneficios aunque sus accionistas hayan renunciado a los mismos en los dos últimos años (1,2 millones en total).

Detrás de ese incremento del 44% en el fondo de compensación están los dos millones que la empresa pretendía reducir de la masa salarial suprimiendo la paga extra de Navidad, pero que finalmente asumió el Consistorio al posponer los recortes hasta este año. Otros 600.000 euros proceden de la rebaja de los ingresos por la venta de material reciclado y de la amortización de algunas inversiones. El resto (5,9 millones) corresponde al montante que cada año tiene que poner de más el Consistorio para garantizar que la empresa obtenga beneficios, una cláusula que se aplica desde 2005 y que desde el equipo de gobierno del PP justifican como una compensación a los socios privados (FCC, Urbaser y en menor medida Sando y Unicaja) para que no tengan que hacerse cargo de las subidas salariales por encima del IPC aprobadas por el alcalde en los años de bonanza.

Esos dos millones de déficit generado por la no aplicación de los recortes laborales previstos a finales de 2013 se contabilizan en los presupuestos municipales de este año, aunque en el Ayuntamiento aún tienen la esperanza de ver rebajada esa cantidad si prospera la devolución de más de 1,5 millones que Limasa ha solicitado a Hacienda por el cobro del llamado céntimo sanitario sobre el combustible entre 2002 y 2012, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de declarar ilegal. De momento, la empresa (con una flota de 502 vehículos entre camiones, tractores y demás maquinaria) ha reclamado el reingreso en efectivo de cerca de un millón de euros cobrados desde 2009 hasta 2012, además de que se le descuente de otros impuestos como el IVA el pago de otro medio millón de euros correspondientes al periodo 2006-2009. Eso de momento, porque la dirección de Limasa también va a extender su solicitud hasta el año 2002, aunque la cuantía de este periodo aún está pendiente de contabilizar. El mismo paso que han dado en la sociedad mixta de limpieza también se está contemplando en el resto de empresas municipales, como la EMT, que cuenta con 250 autobuses.

Canon de asistencia técnica

Así lo desveló ayer el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, durante la presentación de las cuentas de Limasa que serán aprobadas el próximo lunes por el consejo de administración. Un balance económico en el que se confirma la renuncia a los beneficios por parte de la parte privada, pero también el mantenimiento del polémico canon de asistencia técnica, que supone un 2,5% del presupuesto y que en 2013 se cifró en 2.035.000 euros. Igualmente, también reflejan que el Ayuntamiento mantiene una deuda de 25,8 millones con Limasa por certificaciones del servicio acumuladas desde 2012, incluidos los citados 8,6 millones de compensación.

En las cuentas también queda reflejado el gasto en el capítulo de personal, al pasar de los 65,7 millones de 2012 a 61,7 en 2013, resultado fundamentalmente de los recortes salariales y la reducción en la contratación de eventuales. La plantilla media fue de 1.490 empleados frente a los 1.587 de 2012. Un recorte que contrasta con el aumento en la remuneración de los 16 miembros que componen el comité de dirección, que ascendió a 1.036.512 euros (1.030.020 en 2012).

Por último, el desglose de las cuentas refleja que la empresa realizó inversiones por valor de 2,8 millones (1,1 en la automatización de la planta de envases), que se gastó 325.000 euros en la reposición de contenedores y papeleras dañadas por actos vandálicos, que desde su traslado a Los Ruices a mediados de año ahorró 328.000 euros en combustible y que ingresó 1,5 millones por la venta de energía eléctrica.