La UMA no reclamará las becas a devolver hasta que el Ministerio se lo exija

Las nuevas exigencias que el Ministerio de Educación aprobó en 2012 y que entraron en vigor el curso pasado para conceder una beca empiezan a tener sus consecuencias este año, cuando 835 alumnos de la Universidad de Málaga (UMA) tendrán que devolver la ayuda que recibieron (a excepción de las tasas de matrícula) al no haber aprobado la mitad de las asignaturas de las que se matricularon. Una exigencia que se sumó a los requisitos económicos y académicos previos, pero que ahora «sufren» las universidades al tener que comunicarles la obligación de reintegrar la beca y tramitar los expedientes de revocación.

Así lo recoge en su artículo 35 la Resolución de 2 de agosto de 2012 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocaban becas de carácter general y de movilidad para el curso 2012-2013 y publicado en el BOE de 14 de agosto de 2012: «En los casos en los que concurra alguna causa de reintegro, las universidades notificarán al beneficiario esta circunstancia para que proceda a la devolución al Tesoro Público (...) de la cantidad indebidamente percibida en el plazo de dos meses». Del mismo modo, apuntan que de no efectuarse en el plazo indicado, las universidades incoarán el expediente de reintegro. En estos casos, las instituciones académicas «propondrán» al Ministerio de Educación, en un plazo no superior a cinco meses, que proceda a dictar la resolución de reintegro de la ayuda y de sus intereses.

Desde la Universidad de Málaga aseguran que empezarán con las notificaciones cuando «no nos quede otra alternativa y así nos lo exija el Ministerio», apunta la vicerrectora de Estudiantes, María Jesús Morales. Insiste en que cumplirán con la normativa, pero confían en que previamente el Ejecutivo atienda algunas de las propuestas que le plantearon desde la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE), que es la comisión sectorial de la CRUE, el pasado mes de febrero. En esta reunión tuvieron la oportunidad de solicitarles al representante del Gobierno que fuera el propio Ministerio el que comunicase y gestionase estos expedientes de revocación al ser esta administración quien concede las becas. Además, le solicitaron más flexibilidad en las condiciones, al rebajar del 50% al 30% el número de créditos aprobados para afrontar la devolución y fraccionar los pagos.

Para la vicerrectora de Estudiantes, esta situación puede conducir a muchos afectados a abandonar los estudios. «Si tienen que abonar una media de 3.000 euros y se quedan sin beca, difícilmente podrán continuar».