El Ayuntamiento quiere que la Junta asuma el pago de la luz y el agua en los colegios

Aunque ninguna normativa habla sobre qué administración es responsable del pago de la luz y el agua en los colegios públicos, la interpretación de la legislación existente ha hecho que hasta ahora los ayuntamientos hayan asumido esa competencia como propia al considerarse que forma parte de las tareas de mantenimiento de los centros, que sí corresponde a las entidades locales, como la vigilancia y la conservación. Sin embargo, el Consistorio malagueño ha dicho 'hasta aquí' y está dispuesto a iniciar una batalla legal si hace falta para dejar de costear estos gastos, que le suponen un desembolso anual de más de 1,6 millones de euros (1,2 millones por la electricidad y 460.000 por el agua) en un centenar de centros educativos.

Así lo anunció a este periódico el concejal de Educación, Damián Caneda, que explicó que van a encargar un informe técnico externo que «de manera objetiva» avale su convencimiento de que el pago de la electricidad y del agua escapa a las competencias que les otorga la legislación en el ámbito educativo. «Se trata de un gasto corriente, de consumo, y no de mantenimiento», argumentó el edil, que señaló que hasta ahora se ha asumido como una obligación «por una interpretación de la ley que se hizo en su día favorable a la Junta de Andalucía», pero que no están dispuestos a mantener. Máxime después de que en enero haya entrado en vigor la ley de reforma local (Ley 27/2013, de 27 de diciembre), que persigue clarificar las responsabilidades municipales y eliminar duplicidades. De esta forma, las competencias en educación pasarían a las comunidades autónomas, aunque la normativa fija que podrían delegarse en los ayuntamientos siempre que cuenten con la financiación necesaria, tal y como explica Caneda.

Titularidad de los edificios

El texto establece que «el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas» la participación «en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria» y la cooperación con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como «la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de Educación Infantil, Primaria o Especial». Las normas reguladoras del sistema de financiación autonómico fijarán en futuro los términos en los que las comunidades asumirán la titularidad de estas competencias.

En este punto, el concejal malagueño argumenta que los edificios de los colegios públicos son propiedad de la Junta, mientras que desde la Delegación de Educación explican que son de titularidad municipal como establece la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. En cualquier caso, Caneda aclaró que el rechazo a seguir pagando la luz y el agua no va ligado a la nueva ley, aunque técnicos municipales la están analizando. Según explicó, lo que pretende es demostrar que esos gastos no forman parte del mantenimiento de los centros, como tampoco lo son el teléfono e Internet, que costean los colegios con el presupuesto que reciben de la Junta. En este sentido, fuentes de Educación argumentaron que esto ocurre porque en ese caso son «servicios» y no «suministros».

El objetivo del Ayuntamiento es que otros consistorios se sumen a su planteamiento y este se traslade a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llegar a un criterio «lógico y unificado». Según Caneda, en Zaragoza se está elaborando un informe interno sobre este asunto que puede abrir el camino. «Vamos a ver qué hacen en un ayuntamiento que además es del PSOE», apuntó.

Infraestructuras

El reparto de responsabilidades en materia educativa hace que en muchos casos los problemas de los colegios se eternicen sin remedio. La respuesta institucional más fácil y más repetida suele ser: «No es nuestra competencia». A partir de ahí la pelota va de un tejado a otro, como ha ocurrido en varios asuntos relacionados con el arreglo de infraestructuras. Pasó en el CEIP Miraflores de los Ángeles hace dos cursos por el mal estado general de sus instalaciones, y en Los Prados, asentado sobre un terreno inestable, y donde finalmente se hizo cargo de las obras la Junta tras varios tiras y aflojas con el Consistorio. En el Sohail de Fuengirola se tuvieron que cerrar siete aulas porque se filtraba el agua por el mal estado del tejado. Mientras la Junta defendía que era debido a un mantenimiento deficiente por parte del Ayuntamiento, este argumentaba que las obras mayores son competencia autonómica. Al final Educación acometió las obras.

La contratación de los conserjes, competencia municipal, también origina controversia. Los directores denuncian que los ayuntamientos están recortando horas y funciones de este personal y debido al vacío legal existente respecto a quién tiene poder de dirección sobre los bedeles, no pueden exigirles otras tareas que vayan más allá de la vigilancia, mantenimiento y conservación, como hacer fotocopias o ir al banco.