El Tribunal de Cuentas da vía libre a subastar las sociedades embargadas a los hijos de Gil

Marbella ha dado un paso más en su propósito de conseguir recuperar el botín saqueado durante los años del gilismo, y lo ha hecho en la causa judicial de mayor montante económico. El Tribunal de Cuentas ha dado vía libre al inicio de la ejecución de los bienes embargados a los condenados en la causa por alcance contable abierta por esa instancia judicial a partir del informe de fiscalización del Ayuntamiento relativo al periodo 1990-1999.

Entre los condenados se encuentran los cuatro hijos de Jesús Gil y herederos del exalcalde -Jesús, Miguel Ángel, Mariángeles y Fernando Gil Marín- que deben responder por más de 81 millones de euros más sus correspondientes intereses. El montante global podría acercarse a los 150 millones de euros. El único límite para esta responsabilidad contable está marcado por el importe líquido de la herencia recibida tras el fallecimiento del exregidor, una cifra sobre la que los tribunales todavía deberán pronunciarse.

Auto judicial

En un auto dictado hace tres meses y al que acaba de tener acceso este periódico, el Tribunal de Cuentas acordó abrir las correspondientes piezas separadas para la ejecución provisional de la sentencia contra los diez condenados, entre quienes también figuran los ex ediles Julián Muñoz, Pedro Román, Marisa Alcalá, Rafael González Carrasco, Antonio Luque y Dolores Zurdo.

Esta decisión, que había sido reclamada por el Ayuntamiento de Marbella, supone comenzar el proceso para la subasta de los bienes embargados a los condenados, especialmente a los herederos de Gil y a Pedro Román, a quienes se consiguió inmovilizar sociedades con un gran número de bienes. De esta manera, no habrá que esperar a que la sentencia sea firme una vez que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados por los condenados. Román debe responder por 56 millones de euros más los correspondientes intereses.

Pese a que sobre esta decisión ya no cabe recurso, el Tribunal de Cuentas tendrá que resolver un incidente de nulidad planteado por Román, al que ya se ha opuesto el Ayuntamiento.

En febrero del año pasado, el tribunal embargó a los hijos de GIL 118 propiedades, entre las que se encontraban locales, garajes, solares y varios edificios, entre ellos el del Club Financiero Inmobiliario, pertenecientes a cinco sociedades. Aunque posteriormente el propio tribunal dio marcha atrás sobre el embargo a las propiedades, lo mantuvo en relación con las sociedades propietarias de las mismas, lo que a efectos prácticos no supone un gran cambio, según fuentes consultadas por este periódico.

Ya en 2004 el instructor de la causa había dictado embargo sobre las acciones del Club Atlético de Madrid pertenecientes a Promotora Inmobiliaria Alhambra, y posteriormente se decidió el embargo de las diez sociedades mercantiles heredadas por los hermanos Gil Marín.

En enero de 2013, el mismo tribunal había ordenado una medida idéntica en relación con diez sociedades de Pedro Román propietarias, entre otros bienes de 41 fincas en diferentes provincias españolas, un avión y un helicóptero.

Todos estos embargos podrán comenzar a ser ejecutados tras la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas.

Demanda de la Fiscalía

La causa se inició en noviembre de 2005 a partir de una demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal a la que posteriormente se adhirió el Ayuntamiento de Marbella ya una vez con Ángeles Muñoz al frente del equipo de gobierno. Este procedimiento surgió a partir de las graves anomalías detectadas en el informe del Tribunal de Cuentas en la gestión de las empresas públicas que fueron creadas durante el gobierno de Gil para controlar las distintas áreas municipales tras su acceso al poder en 1991.

En abril de 2011 el Tribunal de Cuentas dictó la sentencia, en la que se condenó a diez de los acusados a devolver de manera solidaria importantes cantidades al Ayuntamiento de Marbella. El perjuicio para las arcas municipales se cifró en 66,5 millones de euros, y la pena más importante recayó sobre los hijos de Gil, en su calidad de herederos, con responsabilidad sobre esa cantidad más los intereses, que en el momento de dictarse la sentencia se estimaron en 39 millones de euros.

Posterioremente, tras los recursos presentados por las partes, el tribunal modificó al alza las cantidades y se estimó que el perjuicio global, por el que debían responder los hijos de Gil, ascendía a 81 millones más sus intereses.

También se condenó de forma solidaria a Pedro Román por 56 millones, a Rafael González por 58 millones, a Dolores Zurdo por 12 millones, a Julián Muñoz por 10 millones, a Antonio Luque por la misma cantidad y a Marisa Alcalá por 7,3 millones.