El Ayuntamiento revisa los vados para cazar a quienes no pagan la tasa

La mayoría pertenecen a viviendas unifamiliares situadas en urbanizaciones donde los problemas de aparcamiento no obligan a bloquear el garaje del vecino. Al no ser una necesidad, jamás se han preocupado de solicitar la pertinente licencia municipal para garantizarse que nadie les tapone la salida. Pero una cosa es no tener el cartel del vado y otra bien distinta no pagar la tasa por la ocupación de la vía pública para la entrada y salida de vehículos. Amparándose en que así lo estipula la normativa municipal, el Ayuntamiento ha iniciado una campaña de revisión y control de los vados que, en una primera fase, consiste en el envío de cartas por parte del organismo autónomo de Gestión Tributaria en las que se recuerda a los vecinos «la obligación de estar censados y abonar la tasa», que para las viviendas unifamiliares oscila entre los 37,6 y los 88,55 euros en función de la categoría fiscal que tenga la calle. En las misivas, el Consistorio les insta a regularizar la situación presentando en un plazo de 15 días la correspondiente declaración de alta. En caso contrario, se les advierte de que pueden ser objeto de una inspección pura y dura, que conllevaría una sanción económica, además del pago de la tasa con carácter retroactivo (un máximo de cuatro años) incluidos los intereses de demora. La única alternativa para quedar exento es demostrar que no se utiliza para la entrada y salida de vehículos, para lo que la mejor prueba es la instalación de un bolardo.

Fuentes municipales insisten en que con el envío de estas cartas lo que se persigue es precisamente no tener que llegar a la inspección, invitando a los contribuyentes a legalizar sus vados de forma «voluntaria» antes de que empiecen a elaborarse las cartas de pago de este año (se recaudan en dos plazos en agosto y octubre). Ante la histórica falta de control de los vados, en el Ayuntamiento no tienen contabilizados cuántos existen en la ciudad, aunque se estima que en total superan los diez mil. De momento, los que sí están registrados generan unos ingresos anuales de 600.000 euros.

Este plan de revisión y control, que hace algunos años se ejecutó en los polígonos industriales con «muy buen resultado» para las arcas públicas, se extiende ahora al resto de la ciudad, incluidas urbanizaciones cuyas calles ni siquiera han sido recepcionadas por el Ayuntamiento. La justificación es que, pese a que el mantenimiento de los viales salga del bolsillo de los vecinos, en última instancia tienen la consideración de dominio público. Uno de estos casos se da en El Atabal, una urbanización que sigue siendo privada y cuya comunidad de propietarios lleva años reclamando que sus calles pasen a ser de titularidad municipal. «Si son de dominio público deben serlo en todos los sentidos, no sólo para recaudar, ya que habría que preguntarse por qué se niega el Ayuntamiento a reparar las calles, por qué prácticamente no existen aceras y por qué podemos contratar vigilancia privada con patrullas nocturnas», afirma una vecina. Ante el malestar generalizado en la zona a medida que han llegado las cartas de Gestrisam, representantes vecinales tienen previsto reunirse esta semana con responsables del organismo municipal.