La jueza Alaya le impone a Magdalena Álvarez una fianza civil de 29,5 millones de euros

La jueza Mercedes Alaya considera a Magdalena Álvarez, como exresponsable de los presupuestos y la hacienda de la Junta de Andalucía, «promotora en connivencia con otros» del marco normativo o procedimiento por el que se concedieron las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de Empleo (ERE) y subvenciones a empresas en crisis que, en opinión de la instructora, es ilegal y dio origen al fraude investigado en la Consejería de Empleo.

Alaya sostiene que Álvarez, como otros excargos de la Junta, intentaron dar cobertura legal mediante los presupuestos anuales aprobados en el Parlamento a un procedimiento, el de las transferencias de financiación, «con vulneración flagrante de lo legalmente establecido» al objeto de eludir los «férreos requisitos legales de tramitación» para así conceder ayudas de forma opaca y arbitraria.

Esta teoría la ha mantenido la jueza tanto en el auto del 28 de junio del pasado año en el que incluyó a la exministra de Fomento y ahora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones como uno de los 20 cargos de la Junta imputados, como en las dos citaciones para declarar ante ella, las del 8 de octubre y 8 de noviembre pasados. Ahora, en un auto conocido ayer, Mercedes Alaya se reafirma e insiste en la misma tesis al resolver sobre las citadas declaraciones y le impone como medida cautelar una fianza civil de 29.568.129 euros a la exconsejera de Economía y Hacienda, a la que acusa de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La magistrada acusa también de lo mismo a dos de sus subordinados: al exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro; y al exsecretario general de Hacienda y director general de Presupuestos Antonio Estepa, a los que pide fianzas civiles de 22,1 millones de euros y 8,8 millones de euros, respectivamente.

En el escrito, Alaya expresa de manera inusual su convencimiento de que Álvarez y los dos cargos pueden ser condenados por tales hechos. Así, entre otros argumentos, la magistrada justifica la fianza porque de la imputación y de las declaraciones tomadas a todos ellos «cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran resultar condenados en un futuro por los hechos hoy investigados».

Alaya ha decidido imponer la fianza a Álvarez pese a que la Fiscalía anticorrupción no la pidió como tampoco la Junta de Andalucía, personada como acusación, mientras el PP, también acusación, lo dejó a la deliberación de la magistrada. Manos Limpias sí reclamó una fianza de 125 millones de euros.

Cálculo del fraude

La investigación en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla abarca los años desde 2000 a 2011 y a un montante presupuestario de 850 millones de euros consignados a lo largo de los años en la famosa partida 31L de la Consejería de Empleo. De esta cantidad se calcula un fraude de al menos 140 millones de euros (intrusos, ayudas irregulares a empresas y sobrecomisiones) según las investigaciones de la Guardia Civil, pero a la hora de calcular las fianzas como garantía del dinero presuntamente defraudado, Alaya establece estas en proporción a la cantidad global subvencionada porque entiende que toda ella se concedió de forma ilegal. De hecho sostiene que las leyes de presupuestos de tales años«son frontalmente contrarias» a la legalidad.

Magdalena Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta desde 1994 a 2004. La magistrada le hace responsable del sistema de ayudas desde 2001 a diciembre de 2003. Alaya cuantifica «a grosso modo» las ayudas abonadas en ese periodo en 177.408.775,22 euros.

Discrepancias

En su declaración del 8 de octubre, Magdalena Álvarez discrepó con la jueza sobre la idoneidad del sistema de las transferencias de financiación para el pago de subvenciones a través del IFA, luego IDEA. Álvarez desvió la responsabilidad sobre el uso que se le dio al procedimiento a la Consejería de Empleo, ya que, en su opinión, este sistema no habría excusado a la misma del cumplimiento de la normativa sobre subvenciones. «El obligado respeto a las subvenciones no tiene nada que ver con el instrumento de financiación usado». «Ha podido haber un uso inadecuado, pero no una presupuestación inadecuada», dijo entonces

Magdalena Álvarez declaró de nuevo el 8 de noviembre al anular la Audiencia Provincial de Sevilla su declaración por entender que la magistrada no había razonado lo suficiente su imputación. La vicepresidenta del BEI tiene recurrida su imputación, por lo que de darle la razón la Audiencia de Sevilla quedaría anulada la fianza. Alaya le ha dado un día para el abono de la fianza.

Alaya ha imputado por el mismo razonamiento a una veintena de cargos públicos y ha señalado a otros siete que están aforados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con la ratificación de sus acusaciones a Magdalena Álvarez, Alaya también da a entender que hará lo mismo con el resto de cargos señalados.