La complejidad de las nuevas tarifas de la luz retrasa su aplicación dos meses

El nuevo sistema para fijar el precio de la electricidad, que sustituye a las subastas trimestrales Cesur, se aplicará a partir del 1 de junio, y no del 1 de abril como inicialmente había dispuesto el Gobierno. Ante la impopularidad de una medida de este tipo cara a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo y las protestas de las comercializadoras de referencia, que clamaban por el escaso tiempo con el que contaban para adaptarse a una metodología «muy compleja», Industria ha optado por ampliar el periodo transitorio dos meses más.

A partir de ese día, las eléctricas que suministran el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) deberán estar dispuestas para calcular las nuevas tarifas vigentes, que tendrán como base el precio del mercado diario de electricidad, o 'pool', en un galimatías de fórmula contra el que también han levantado la voz asociaciones de consumidores como UCE-Málaga, que el pasado jueves alertó de la «confusión» que el sistema provocará entre los usuarios.

Fuentes del sector siguen considerando que el nuevo plazo sigue siendo «insuficiente». Alguna de las eléctricas afectadas, como es el caso de Endesa, llegaron a asegurar que adaptar los sistemas informáticos de las empresas para una lectura eficaz de los contadores digitales «podría llevar entre 12 y 18 meses».

Según se desprende del nuevo borrador -que debe ser valorado por el Consejo de Estado-, los precios eléctricos que regirán hasta el 1 de junio serán los fijados por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre: 48,48 euros por megavatio/hora (Mw/H), que viene a ser el precio medio en el mercado de futuros de los últimos seis meses del pasado año. Éste es el precio que se aplicará, con carácter transitorio, «en las facturaciones que se realicen con anterioridad a la finalización» del plazo (1 de junio).

A partir de entonces, «el comercializador procederá en la facturación inmediatamente posterior que corresponda, a la regularización al consumidor de las facturaciones que, con carácter transitorio, se hayan realizado con aplicación del precio» establecido por el Gobierno. Es decir, que se refacturará la diferencia entre dicho precio (los 48,48 euros) «y el resultante del nuevo mecanismo de cálculo», que supuestamente estará aprobado para el 1 de abril.

Los cálculos dependerán de si el cliente dispone o no un contador digital (que además tiene que estar preparado para la telegestión). En el primer caso, la facturación se realizará «considerando los valores horarios de consumo». Para el resto, se efectuará «con base a lecturas reales, y considerando los perfiles de consumo» que debe elaborar el operador del sistema, Red Eléctrica.

Y es en este punto donde los consumidores ponen las principales alertas. La confusión se dispara, especialmente si el hogar dispone de contadores inteligentes instalados. Este tipo de contadores están preparados para tarificar en función del precio que tenga el megavatio cada hora, que llega a bajar a cero euros durante la madrugada pero que se eleva hasta los 90 euros en el 'prime-time' de la energía: las nueve de la noche.

De esta forma, se aplicarán 24 precios distintos a lo largo del día. Traslado al recibo bimestral la confusión se enreda aún más, ya que se tienen que computar 1.440 tarifas diferentes. En conclusión, a igual consumo no es solo que nadie pagará lo mismo que su vecino, sino que tampoco los particulares pagarán lo mismo en cada uno de sus recibos de un periodo a otro. Según los datos facilitados por Sevillana-Endesa, en la provincia de Málaga hay un millón de contadores, de los que de momento poco más de 400.000 son inteligentes. La sustitución se está haciendo de forma gradual con vistas al 31 de diciembre de 2018, plazo máximo para que todos los disposivos sean digitales.

Bono social

Por otra parte, el nuevo borrador de real decreto también fija el precio de la tarifa de último recurso para los «consumidores vulnerables». Es decir, aquellos que tienen derecho a beneficiarse del bono social. En la actualidad pueden acceder los clientes con una potencia contratada inferior a 3 Kilovatios, los pensionistas con 60 ó más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente, o viudedad; las familias numerosas, y aquellas con todos sus miembros desempleados. Estos clientes pagan las tarifas vigentes anteriores a la entrada de la TUR en vigor, es decir, en julio de 2009.