El juez archiva la imputación de Connery después de que su mujer lo desvinculara del caso

Sean Connery ya no está implicado en el 'caso Goldfinger'. Tras valorar las declaraciones juradas remitidas por el actor escocés y su esposa Micheline Anna Jean Connery desde su residencia en las islas Bahamas, el juez que instruye la causa ha decidido sobreseerlo y archivar las actuaciones por las que estaba imputado, aunque ha mantenido la imputación de su mujer, acusada provisionalmente por los presuntos delitos de fraude, contra la ordenación del territorio y contra la hacienda pública.

Han sido los mismos testimonios -adelantados por este periódico el pasado domingo- los que han determinado la suerte que han corrido ambos. En el auto, dictado el pasado viernes, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella reconoce que la declaración formulada por ambos imputados «esclarecen en gran medida lo sucedido», y destaca que la documentación fue remitida a la justicia española un año y medio después de haberse realizado y más de tres años después de efectuarse la comisión rogatoria internacional a la autoridad central de Bahamas. «De haberse mantenido por los imputados una conducta adecuada, esto es una mínima colaboración con los órganos judiciales, los mismos hubieran podido ver su situación esclarecida desde al menos algo más de dos años», dice el juez en relación al matrimonio Connery.

En el caso se investiga una operación urbanística -la recalificación de la finca donde había estado la residencia de los Connery en Marbella mediante la firma de tres convenios en los que participaron Roca y Julián Muñoz- y la presunta maniobra de evasión fiscal que le siguió, que se realizaron mediante las sociedades propietarias de los terrenos, especialmente Malibú SA.

En su declaración jurada, el actor sostiene que transfirió a mediados de los años ochenta la titularidad de esa sociedad a su mujer, mientras que ésta reconoce que facultó al abogado Héctor Díaz-Bastién, abogado de los Connery y uno de los principales acusados en la causa «para que hiciera lo necesario para que el inmueble de la sociedad obtuviera una calificación urbanística semejante a la que el Ayuntamiento de Marbella dio a la finca colindante y otras fincas mediante el mismo procedimiento», según recuerda el juez en el auto. La recalificación permitió que en la finca, en primera línea de mar y a escasa distancia de Puerto Banús, se construyeran 72 apartamentos de lujo, que fueron vendidos por un total de 126 millones de euros.

Para el juez, las declaraciones del matrimonio han resultado «totalmente esclarecedoras», y han mostrado coherencia que concuerda con lo investigado y con afirmaciones ya expuestas por otros imputados.

Participación directa

En su opinión, todo lo expuesto hasta el momento conduce a apreciar que al menos indiciariamente Micheline Connery tuvo una participación «directa y consciente» en la formación y desarrollo del plan para la construcción de los apartamentos en el conjunto Malibú.

«Ciertamente hubo acuerdo de voluntades en la promoción y no cabe pensar» que Micheline Connery ignoraba la ilegalidad de cuanto estaba haciendo; todo lo cual supone apreciar indicios de la comisión de un delito de fraude (como inductora), otro contra la ordenación del territorio y otra contra la hacienda pública, sostiene el juez.

Por el contrario, Sean Connery «nunca aparece en la causa tomando decisiones, no aparece su firma en documento alguno que pudiera incriminarle, no gestiona ni dirige la sociedad Malibú SA, ni aparece relación con la promoción»

El auto del instructor incide en el retraso con el que el actor y su mujer se avinieron a prestar declaración y también la tardanza en remitirlas al juzgado (un año después). «Quizás cabría pensar que se pretendía proteger u ocultar las actuaciones o participación en los hechos a la esposa del actor, hecho que por otro lado venía a perjudicar» al propio Sean Connery.