El retraso para cobrar sueldos y despidos del Fogasa supera ya los seis meses

Perder el trabajo siempre es un mal trago. Y en las circunstancias actuales, con lo difícil que es encontrar empleo, más todavía. Pero el drama se agrava cuando el trabajador despedido se encuentra con que su empresa no le paga lo que le debe. Este caso se ha hecho desgraciadamente habitual. El año pasado, 8.631 malagueños tuvieron que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar salarios o indemnizaciones por despido tras ser declaradas sus empresas insolventes. Una cifra nunca antes alcanzada, que multiplica por seis los registros de antes de la crisis y tiene saturada la oficina provincial de este organismo dependiente del Ministerio de Empleo. Como consecuencia, el plazo medio para cobrar del Fogasa en Málaga es de seis meses como mínimo, el doble de lo que marca su propio reglamento.

Este mediodía, los sindicatos CC OO y UGT han convocado en toda España concentraciones ante las sedes del Fogasa para protestar por la falta de personal y el «retraso inadmisible» en el pago de las prestaciones a los trabajadores. Según sus cálculos, este organismo público tiene un retraso acumulado de más de un año con unos 180.000 expedientes sin resolver en toda España.

En Málaga la situación es menos grave que en otras provincias, según la responsable de la delegación territorial, Raquel Durán. «Los expedientes se resuelven en cinco o seis meses, frente a otras provincias donde se tarda un año o más», aseguraba ayer.

Sin embargo, el secretario provincial de CC OO, Antonio Herrera, eleva la demora en la resolución de expedientes del Fogasa en Málaga a «entre seis y ocho meses». «Hablamos de más de 8.600 malagueños que el año pasado sufrieron estos importantes retrasos en el cobro de salarios o de despidos. Es una situación inadmisible porque hablamos de parados que en muchos casos ya han perdido la prestación», añade.

La oficina del Fogasa en Málaga cuenta con siete trabajadores y Durán especifica que hay una vacante sin cubrir. Son los mismos que había antes de que comenzara la crisis, cuando el volumen de expedientes se movía entre los 1.000 y los 1.500 anuales. Ya en 2009 la cifra subió a 3.280, en 2010 a 4.472, en los tres años siguientes superó los 6.000 y en 2013 se disparó hasta los mencionados 8.631. Durán reconoce que los medios «son insuficientes», pero destaca el esfuerzo de los funcionarios para sacar adelante el trabajo acumulado. «Ahora mismo estamos resolviendo solicitudes de octubre», añade. Hay otras oficinas del Fogasa que, según denuncian los sindicatos, han recurrido a la externalización de expedientes a la empresa Tragsatec, pero no es el caso de Málaga.

No lo cubre todo

El Fogasa se hace cargo del pago de salarios e indemnizaciones por despido en empresas declaradas insolventes por un juez o que estén en concurso de acreedores. Pero los trabajadores no reciben todo lo que su empresa les adeuda, ya que existen unos límites que además han bajado en los últimos años. En los sueldos es el resultado de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, con prorrateo de pagas extras, por el número de días pendientes de pago, con un máximo de 120 días (el máximo es 6.010 euros). En los despidos, la cantidad máxima a abonar es una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo (máximo de 18.282 euros).