La 'nueva Isofotón' suscita dudas legales por su encaje con el proceso concursal

Los tres ex directivos de Isofotón que impulsan la compra de la fábrica a través de una sociedad laboral están concentrados en conseguir, antes de este viernes, las firmas de 240 trabajadores dispuestos a enrolarse en el proyecto. Ayer habían conseguido alrededor de un centenar. Pero aun si lo logran tendrán que superar importantes obstáculos para que su propuesta sea tomada en serio por la Junta de Andalucía, los propietarios de Isofotón, la administración concursal y, en último término, el juzgado. Y es que tal y como ha sido diseñado, el proyecto despierta serias dudas legales entre las partes implicadas, precisamente por su encaje en el proceso concursal.

La propuesta contempla el pago de 33 millones de euros a la Junta a cambio de una «unidad productiva» formada por las dos plantas del PTA con toda su maquinaria y equipamiento, además de la marca Isofotón, la cartera de clientes y su filial japonesa, entre otros activos. La oferta se dirige a la Junta -concretamente a la Agencia Idea- porque ésta tiene una deuda de 33 millones garantizada con parte de las instalaciones y la maquinaria de Isofotón. Parte, pero no la totalidad: por ejemplo, ese aval se limita a uno de los edificios y no al otro. En la unidad productiva que se pretende comprar hay también activos que garantizan créditos de otros acreedores, y también activos libres de cargas. Y expertos en materia concursal no creen posible que un juez autorice la venta de toda una unidad productiva para satisfacer la deuda de la Junta, cuando no todos los bienes que la forman están sujetos a ese privilegio, ya que eso vulneraría el orden de pagos que dicta la Ley Concursal.

La propia Agencia Idea, después de su primera reunión con los impulsores de la iniciativa (celebrada el 16 de enero), emitió un informe interno en el que concluía que la administración concursal no daría autorización a esta solución, ya que supone un perjuicio para el resto de acreedores de Isofotón y, en el hipotético caso de que se aceptara, habría múltiples impugnaciones. En una videoconferencia realizada posteriormente, el día 24, los administradores concursales habrían manifestado a los directivos de la agencia que dicha propuesta es «inconsistente» porque no atiende las deudas contra la masa (que son las generadas dentro del concurso) y no da solución para el resto de acreedores distintos de la Junta.

Después de saber la opinión de los administradores, los impulsores cambiaron su propuesta inicial, que contemplaba pagar 37 millones a la Junta, por la actual, en la que se destinan 33 millones a la Agencia Idea (sólo los que corresponden a sus créditos privilegiados) y 4,5 millones a repartir entre el resto de acreedores. Los exdirectivos de Isofotón se muestran dispuestos a seguir puliendo su propuesta para que tenga encaje legal.

Pero hay más. Los asesores jurídicos de la Junta no tienen clara la forma en la que los extrabajadores de Isofotón quieren asumir la totalidad de la deuda de la empresa con la Agencia Idea. Su oferta contempla la constitución de una garantía hipotecaria sobre todos los activos inmobiliarios de la sociedad laboral. Pero la Agencia Idea recuerda que toda novación de deuda tendría la consideración de nueva ayuda, y que las directrices comunitarias de salvamento y reestructuración de empresas no permiten conceder más ayudas a sociedades de nueva creación, especialmente si han surgido de la absorción de los activos de las que recibieron dinero público.