La Junta diseña un plan para combatir la oferta de alojamientos clandestinos

La Junta de Andalucía quiere poner coto a la oferta turística clandestina y alegal. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Rafael Rodríguez, anunció ayer las líneas estratégicas de un plan para combatir esta competencia desleal, sin querer entrar en detalles dado que la propuesta será presentada el próximo viernes al sector en la Mesa del Turismo de Andalucía. Esta actuación es una demanda histórica de los hoteleros que creen urgente poner freno a una práctica que ha crecido en los últimos años al calor de la facilidad con la que cualquiera puede comercializar su negocio en Internet.

El proyecto persigue hacer aflorar a quienes ahora están operando de forma clandestina, dar un marco jurídico a las viviendas turísticas, que quedaron fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos tras una modificación que realizó el Gobierno central antes del verano, y a otras modalidades de alojamiento en auge en Europa y que en la región también toman fuerza pero no cuenta con una norma que las regula. En este último caso, el consejero de Turismo señaló los albergues urbanos y el alquiler de habitaciones en viviendas con derecho a desayuno. Además de establecer nuevos requisitos, como la obligación de que cualquier establecimiento que se publicite tiene que incluir en el anuncio el número con el que está inscrito en el Registro de Turismo de Andalucía, para el que también se contemplan modificaciones. La inscripción en este registro es gratis, insistió el consejero.

Rodríguez avanzó que esperan tener ultimada para junio una normativa específica para las viviendas que se alquilan con fines turísticos. «Solo Cataluña cuenta con una norma en este sentido, que hemos analizado y por la que incluso hemos mantenido contactos con el Ejecutivo catalán. Seríamos la segunda comunidad de España en establecer esta regulación», dijo. Sobre la definición de qué será considerada vivienda turística, el consejero aseguró que por respeto a la Mesa de Turismo no iba a anticipar las características dado que en el encuentro con el sector podría haber modificaciones. Solo señaló que la normativa está muy avanzada y que se espera que esté aprobada antes del próximo mes de junio. En cuanto al volumen de inmuebles señaló que no existe un estudio y que el dato es el que barajan los hoteleros, que lo cifran en el 20% de la oferta alegal.

«Este plan contra la clandestinidad turística se contemplaba en el Pacto Andaluz por el Turismo. De aquí a junio más del cincuenta por ciento de los proyectos estratégicos habrán pasado por Consejo de Gobierno. Estamos trabajando a fondo en los compromisos adquiridos», declaró. Sin embargo, el consejero criticó la falta de implicación en iniciativas como las mesas para impulsar los aeropuertos o en este plan de la Administración Central. En este sentido, explicó que lleva esperando una respuesta de la delegada del Gobierno en Andalucía desde el pasado 3 de diciembre, fecha en la que le remitió una primera carta pidiéndole una reunión para informarle de este proyecto contra la clandestinidad. «En este ámbito resulta fundamental la colaboración entre todas las administraciones porque es un asunto en el que todos tenemos competencias. Pero no podemos hablar con quien no quiere oír. El pasado 8 de enero volví a enviarle otra carta, de la que tampoco he recibido respuesta. Cuando se gestionan recursos públicos resulta fundamental deslindar las cuestiones partidistas», aseguró.

El consejero insistió en que el objetivo de este plan no es sancionador sino que lo que se persigue es que afloren todo estos negocios que están operando en la economía sumergida para favorecer una competencia leal.

«El plan en definitiva es un cúmulo de medidas, bastantes desarrolladas, que van en esta triple dimensión: mejorar la capacidad inspectora para perseguir al clandestino, provocar el afloramiento de la actividad que está en el marco de la alegalidad y facilitar la coordinación de las administraciones para conseguir los dos objetivos anteriores», dijo. Rodríguez señaló que el pasado año la Inspección realizó 683 actuaciones.