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LEANDRO PAVÓN
Viernes, 7 de febrero 2014, 02:46
La secretaria de Igualdad y Política Social del PSOE de Estepona, Cristina Capablana, solicitó ayer al Ayuntamiento «información exhaustiva» sobre la aplicación en Estepona del decreto firmado por la Junta de Andalucía para la lucha contra la exclusión social. Dicha iniciativa facilitaba la incorporación laboral a familias desfavorecidas, y en donde se invirtió solo en el municipio esteponero 303.958,87 euros, según el grupo.
Capablana recordó que con esta medida, un centenar de personas pudieron entrar en el mercado laboral con contratos que tenían una duración desde los quince días hasta los tres meses. «A día de hoy desconocemos cuántas personas han accedido a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento con este dinero aportado por la Junta de Andalucía, ya que el Consistorio no ha aportado ni un solo céntimo de euro», afirmó la dirigente socialista.
«No sabemos en qué ha consistido la jornada laboral, el número de horas o el grado de cumplimiento de los objetivos. No sabemos absolutamente nada», advirtió la secretaria de Igualdad y Política Social.
Desde el Ayuntamiento dieron a conocer el pasado octubre que serían 159 personas las beneficiadas por estas ayudas, tras manejar 1.281 solicitudes para este plan de empleo promovido por la Junta. En esa ocasión, se especificó que trabajarían como auxiliares de ayuda a domicilio, notificadores para la campaña de empadronamiento, conserjes en colegios, guarderías e instalaciones deportivas, jardineros o realizando labores como desbroce de caminos rurales, limpieza de parcelas municipales y pintado de la vía pública.
Todos ellos tendrían contratos de dos meses, con 15 horas semanales, y serían empleados en tres turnos -del 28 de octubre al 24 de diciembre, del 20 de diciembre al 15 de febrero, y del 11 de febrero al 9 de abril-.
Al término de esta campaña, fuentes municipales aseguran que empezarán a trabajar en otro plan de empleo dotado con 500.000 euros, y en el que el pliego de condiciones para la contratación «no sea tan exigente como el de la Junta de Andalucía».
Contratación autóctona
Izquierda Unida también quiso elevar su propuesta para incentivar la inserción laboral de los esteponeros al equipo de Gobierno. Ayer, en una carta dirigida hacia el Ayuntamiento, el grupo -sin representación en el pleno- sugería la incorporación preferente en todos los pliegos y contratos de obra pública, a los empleados que estuvieran empadronados en la ciudad con una antigüedad de más de cuatro meses. Además, piden la prohibición de la subcontratación y el establecimiento de una tasa para sufragar las inspecciones de seguridad.
A estas condiciones, las mismas fuentes municipales aseguran que ante toda contratación siempre se sugiere que se emplee a gente de la ciudad, pero que no pueden exigir esta condición a las empresas. En compensación, afirman que establecieron el 0,7 por ciento del presupuesto para gasto social, que en contratos muy sustanciosos supone una gran cantidad de dinero que revierte en el municipio.
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