La Junta pone a la venta cinco edificios en Málaga para después quedarse como inquilina

La Junta de Andalucía pondrá a la venta cinco edificios de su propiedad en la provincia para después alquilarlos y que sigan teniendo un uso administrativo. Así lo aprobó ayer el consejo de gobierno en su reunión semanal de los martes, donde se autorizó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a enajenar 75 inmuebles de titularidad autonómica (albergan oficinas y servicios de distintos departamentos) en toda la región para su posterior arrendamiento.

De los cinco edificios de Málaga incluidos en este paquete global, cuatro están en la capital. Se trata de una comisaría de la Policía Autonómica; la sede del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en el Centro Histórico; el Centro de Prevención de Riesgos Laborales situado junto a Barbarela; y la antigua sede de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.

El otro inmueble está en Marbella. Según la información enviada por la Oficina del Portavoz del Gobierno se trata de un edificio situado en la Carretera de Cádiz, 174 en Barronal Hacienda San Miguel. La Delegación Provincial de la Junta, a preguntas de este periódico, no supo precisar a qué oficina administrativa corresponde y sólo explicaron que cuando Hacienda y Administración Pública le pidió una relación de inmuebles para ponerlos a la venta enviaron el expediente del Andalucía Lab -el Centro de Innovación Turística de Andalucía- de Marbella, según fuentes consultadas.

Las fuentes no precisaron ni el número total de metros cuadrados que se ponen a la venta en Málaga, ni el precio con el que salen al mercado ni el alquiler que tendrá que abonar la Junta a los nuevos propietarios.

Alquiler con retorno

En lo que respecta Andalucía, esta operación de venta y alquiler con retorno -Sale & Leaseback, en inglés- afectará a 259.000 metros cuadrados de sedes administrativas y se prevé conseguir unos ingresos de 300 millones de euros. Unos recursos, según informó la Junta, que se destinarán al mantenimiento de las políticas sociales.

«Se trata de una herramienta que permite mantener el esfuerzo en política social en un contexto de restricción del endeudamiento público por el cumplimiento de los objetivos de déficit. Además, contribuye a mejorar la gestión y explotación de los edificios administrativos así como a una mayor racionalización del gasto público», destacó la Oficina del Portavoz del Gobierno en una nota de prensa.

En este comunicado se destaca que esta fórmula de venta con alquiler de retorno contribuye a «la optimización» del patrimonio inmobiliario y se viene utilizando en los últimos años en el ámbito privado y público en España y países europeos como Austria, Alemania, Francia, Bélgica y Reino Unido. «Su objetivo fundamental es poner en valor el patrimonio público para compensar parcialmente la caída de los ingresos en etapas de decrecimiento económico, obteniendo liquidez sin renunciar al uso de los inmuebles», añadieron.

Una vez que se ha dado la autorización a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ahora comienza el proceso competitivo para que las empresas interesadas hagan sus ofertas sobre el conjunto de oficinas. Tras la valoración por parte de una comisión técnica se cerrará la operación con la sociedad que ofrezca unas condiciones más ventajosas y se procederá a su enajenación y al mismo tiempo a su arrendamiento a largo plazo por parte de la Junta de Andalucía.

Por provincias la distribución del número de oficinas es la siguiente: Almería (5); Cádiz (8, de ellas una en Algeciras y otra en Jerez de la Frontera); Córdoba (8); Granada (7); Huelva (10); Jaén (7); Málaga (5, una de ellas en Marbella); y Sevilla (25, de ellas una en Camas, Dos Hermanas y San Juan de Aznalfarache).