Oposición y consumidores reclaman medidas para paliar la subida del agua

Si con una ducha de cinco minutos se gastan unos 75 litros de agua, muy poco tendrá que abrir el grifo un malagueño durante el resto del día para no rebasar los 112 litros de promedio que Emasa usa de umbral para evitar la subida en la factura que está provocando la nueva tarificación que se está aplicando desde noviembre. Ése es el principal argumento que utilizan los partidos de la oposición, consumidores y vecinos para pedir al alcalde, Francisco de la Torre, que revise la aplicación del nuevo sistema, que todos coinciden en calificar de más justo que el anterior al tenerse en cuenta el número de residentes en cada vivienda en vez de contabilizarse el gasto total por domicilio, pero que rechazan por la distribución de los metros cúbicos (la unidad equivale a mil litros) que tiene que usar cada ciudadano para esquivar los sobresaltos que de momento se están encontrando en cuatro de cada cinco hogares de la capital.

Tanto PSOE como IU están dispuestos a plantar batalla por lo que consideran «una subida encubierta» propiciada por el gobierno municipal del PP aprovechando el cambio de tarificación por habitante que los usuarios venían reclamando. De hecho, los socialistas parecen haber encontrado un filón en esta 'guerra del agua', hasta el punto de que ya tienen consigna de reforzar su ofensiva institucional y social contra esta medida. En esta línea, ayer anunciaron que solicitarán un pleno extraordinario (necesita el apoyo de IU para que salga adelante) en la Casona del Parque para abordar la subida de hasta el 40% experimentada en el recibo, principalmente en viviendas de uno y dos inquilinos, a los que en el mejor de los casos sólo seguirán pagando lo mismo siempre que no rebasen ese tope de los 112 litros diarios por persona (unos 7 metros cúbicos en la factura bimensual). «Es urgente que De la Torre deja de aplicar paños calientes y dé soluciones definitivas sobre este nuevo sistema que es a todas luces injusto para la mayoría de los malagueños», afirmó la portavoz del PSOE, María Gámez, quien volvió a demandar una moratoria de las nuevas tarifas que «incrementan los ingresos municipales a costa de la mayoría de los hogares malagueños». En términos similares se expresan en IU. Su portavoz, Eduardo Zorrilla, advirtió ayer el regidor de que «todavía está a tiempo de rectificar este sistema». «Han aprovechado una vieja y justa reivindicación de que se tarifique por habitante para enmascarar una subida al modificar los tramos, ya que para estar en el bloque 1 habría que consumir 66 litros al día».

Tercer bloque

En la misma línea se expresa la presidenta de la asociación de consumidores Facua, Dolores García. «El problema está en la distribución de los metros cúbicos, porque es verdad que beneficia a las familias de cuatro o más miembros que antes soportaban una situación injusta, pero ahora es igual de injusto porque con un consumo moderado se llega al tercer bloque». Sobre esta circunstancia, el responsable de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús Burgos, aplaude el sistema, aunque aboga por ir «corrigiendo las deficiencias que vayan surgiendo».

Por su parte, las principales federaciones de vecinos de la capital se muestran contrarias a la subida y reclaman medidas para reducir el impacto de las facturas en las familias malagueñas. Desde Cívilis entienden que el recibo es más justo, pero requiere un tiempo para ajustar las deficiencias. Su presidente, Antonio Fuentes, apuesta por bonificaciones a las personas con menos recursos. «Habría que hacer exclusiones con los pensionistas y con las personas más desfavorecidas para que no les subiera el recibo ni un céntimo», expone. A su juicio, «es más justo siempre que no se produzcan desajustes, porque el primer bloque requiere un consumo bastante inferior a la media que gastan los malagueños».

Desde Solidaridad se muestran algo más críticos. Su presidente, Francisco Santos, asegura que con dicho sistema «todos los vecinos salen perdiendo» y sólo sirve «para que el Ayuntamiento recaude más». Igualmente, el responsable de la Federación Unidad, Ramón Carlos Morales, habla de «una subida desproporcionada» y dice se debería volver al pago por vivienda.