Málaga se garantiza dos años de paz en Limasa, pero no soluciona los problemas de la entidad

La huella de la huelga de basuras que durante cuatro días ha sufrido la ciudad quedará borrada presumiblemente el fin de semana. Para entonces, el Ayuntamiento confía en que los operarios de Limasa hayan retirado la totalidad de las 1.500 toneladas de residuos que se han ido acumulando en las calles, eliminando así el rastro del enésimo conflicto laboral en la empresa mixta de limpieza (el 49% es municipal). Con el acuerdo alcanzado la madrugada del pasado martes (ratificado horas después por la plantilla), los malagueños no sólo tienen el consuelo de que no tendrán que pasar las navidades esquivando montañas de basura, sino también la garantía, al menos a priori, de que la paz social se mantendrá hasta finales de 2015, año electoral. En principio, así será, siempre que no surjan discrepancias de calado durante la actualización de algunos artículos del convenio colectivo que las partes se han comprometido a abordar antes de marzo.

Pero una cosa es que el conflicto esté desactivado y otra bien distinta que se hayan resuelto todos los problemas que rodean a una empresa que vive hipotecada por su condición de público-privada y que siempre está en el punto de mira por el estado en el que se encuentran las calles de la ciudad pese a los 85,9 millones de euros que le cuesta al Ayuntamiento, que además de ser accionista es también su único cliente. Un doble papel que le lleva a situaciones tales como sean las arcas municipales -en definitiva, los malagueños- las que tengan que asumir la totalidad de los 900.000 euros de desfase que sufrirá Limasa en el capítulo de Personal al no alcanzar ni en 2014 ni en 2015 el objetivo de reducir los costes salariales en seis millones anuales después de haber rebajado sus exigencias en la negociación del nuevo convenio colectivo. Un montante que se sumará a los dos millones que también tendrán que salir del presupuesto municipal para que la entidad pueda cuadrar sus cuentas, toda vez que la posibilidad de bajarle el sueldo a la plantilla mediante la suspensión de la paga extra de Navidad no fue más allá de una amenaza.

Un esfuerzo municipal que ha decidido asumir el alcalde con tal de evitar la estampa de Málaga convertida en una escombrera, pero que se le vuelve en contra a Francisco de la Torre en el momento en el que los socios privados (FCC, Urbaser, y con menor participación Sando y Unicaja) han rechazado su petición de que, como hicieron en 2012, también renuncien a los beneficios del 2% de la facturación que la empresa está obligada a generar por contrato desde 2005 para compensar a los socios privados con unos 600.000 euros anuales por el progresivo aumento de la carga salarial por encima del IPC. Al incrementarse los costes y mantenerse los ingresos, esta cláusula obliga a las arcas municipales a aportar unos seis millones de euros más cada año para darle la vuelta a la balanza y teñir de negro los números rojos que registra la entidad cada ejercicio.

De momento, a lo más que llegan es al compromiso de reinvertir en la entidad la mitad de lo que les correponde en 2013 y 2014, por mucho que De la Torre no se dé por vencido. «No cejaré en mi empeño de llegar a más y conseguir que renuncien al cien por cien», asegura el primer edil, quien también pretende hacer extensible la medida a 2015, un ejercicio del que «no se ha hablado aún». De lo que sí que se ha hablado, pero sin resultado porque los privados lo consideran innegociable, es del canon de asistencia técnica que les reporta cada año el 2,5% del volumen de negocio, lo que supone una cifra que siempre se sitúa por encima de los dos millones.

Municipalización

Ante esta situación, el debate de la municipalización del servicio vuelve a cobrar fuerza tanto de boca de los sindicatos como de los dos partidos en la oposición municipal (PSOE e IU). ¿Su aval? Un informe interno que la dirección de Limasa elaboró en 2011 en el que se concluye que una entidad 100% pública generaría un ahorro de unos 12 millones de euros anuales entre el IVA, los alquileres, la renegociación de la deuda financiera y la supresión de las anteriores cláusulas (beneficios garantizados y canon de asistencia). Desde el equipo de gobierno aseguran no descartar ninguna posibilidad, pero siempre a partir del 17 de abril de 2017, cuando expira la concesión. Para no dar este paso ahora se agarran a la ley de estabilidad presupuestaria, que obliga a las administraciones públicas a evitar cualquier desviación que haga peligrar el equilibrio financiero. «La municipalización haría imposible al Ayuntamiento cumplir con esta ley porque, además de tener que asumir los costes de la empresa, tendría que hacer frente a la indemnización los socios privados por adelantar la finalización de la contrata», remarcan.

Sobre esta cuestión, la portavoz socialista, María Gámez, reclamó ayer un «pacto político sobre el futuro de la empresa que debe pasar por la municipalización, la mejora del servicio y la estabilidad laboral». En este sentido, denunció que «la única conclusión clara» del acuerdo que ha desactivado la huelga es que la parte privada «seguirá cobrando sus beneficios y el Ayuntamiento tendrá que afrontar con el dinero de los malagueños la diferencia del recorte previsto y el que al final representa el acuerdo». «Hemos dado un paso más hacia la insostenibilidad de la empresa y el sobrecoste para las arcas municipales. Lo único estable van a ser los beneficios de los privados», criticó.