La concertación, en entredicho

Las investigaciones judiciales a la UGT Andalucía y a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) alejan aún más la posible fecha de una negociación entre la Junta, sindicatos y patronal sobre un nuevo Acuerdo de Concertación Social. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, afirmó en su comparecencia ante la prensa el pasado martes que será necesaria «una revisión» del modelo de concertación, «no dar por sentado nada» y «abrir en canal» la economía.

La presidenta no dio fecha alguna del comienzo de las negociaciones con la excusa de que UGT y CEA están en periodo de elección de una nueva dirección. Pero Díaz hizo estas declaraciones dos días antes de que la jueza Mercedes Alaya ordenase un espectacular registro de la sede regional de la UGT en busca de facturas falsas pagadas con dinero de la Junta y de que otra magistrada, Patricia Fernández, imputara por presunta estafa a la cúpula de la CEA por el caso de las viviendas de protección oficial fallidas, subvencionadas también con 1,7 millones de euros por la Junta de Andalucía. Unos hechos que han oscurecido aún más el horizonte del que estaba dado a llamarse el octavo Acuerdo de Concertación Social. El séptimo, firmado en noviembre de 2009, expira este mes.

Pero además, otros aspectos cuestionan la continuidad del modelo de concertación andaluza, el único que resiste en España. Todos los partidos coinciden en que ha fracasado en el principal objetivo, la creación de empleo. Este instrumento de pacto entre los agentes sociales y el Gobierno arranca en 1993 con Manuel Chaves como presidente, Manuel Otero Luna como presidente de la CEA y Cándido Méndez y Julio Ruiz, como secretarios generales de la UGT y las CC OO de Andalucía, respectivamente.

Veinte aniversario

Cumple este año su veinte aniversario. Todos fueron suscritos bajo la premisa de la paz social y de forma escalonada, según los años, fueron añadiéndose compromisos por parte de los gobiernos en pro del empleo y la actividad empresarial. Unos compromisos que debían tener reflejo en los presupuestos anuales.

El último acuerdo contenía 351 medidas y la previsión de movilizar 20.000 millones de euros. Hasta el momento ni la Junta ni los sindicatos han ofrecido datos sobre el cumplimiento. Realizadas o no las medidas, a la vista del paro está que los acuerdos no han dado el fruto que debiera. Cuando se firmó el último en 2009, el paro en la Comunidad era del 26,3% de la población activa; ahora es diez puntos más, más de un millón y medio de personas. «Habrá que preguntarse por qué somos la comunidad con más paro», ha dicho Susana Díaz con una novedosa autocrítica en un partido que lleva gobernando 31 años. Unas palabras que suenan a las que muchas veces han esgrimido los dirigentes del PP sin demasiado eco.

Otra circunstancia que nubla la negociación es el uso del dinero que sindicatos y patronal han hecho del dinero entregado por la Junta a lo largo de estos veinte años, lo que ha costado a las arcas públicas la paz social. En realidad no se conoce cuánto porque nunca se ha informado de ello y en los presupuestos no se refleja de forma clara. La presidenta andaluza se comprometió el pasado martes a facilitar los datos.

Las dudas sobre el buen uso del dinero surgieron con el caso de los ERE, cuando la jueza cifra en al menos 7,5 millones de euros las sobre comisiones cobradas por UGT y CC OO a la Junta de Andalucía en la gestión de los expedientes de regulación de empleo, cuando es un servicio que los agentes deben reclamar a las empresas y afiliados. El caso de las facturas falsas de UGT ha cuestionado aún más las millonarias cantidades entregadas a los sindicatos y CEA para cursos de formación. CC OO y CEA aseguran que no hay 'caso facturas falsas' en sus fondos para formación, pero 'El País' publicó ayer cómo la cúpula de la CEA repartía entre sus empresas las jugosas subvenciones.

Ni el dinero de los cursos ni el de los ERE entran en la concertación. Los sindicatos han recibido otras cantidades para la gestión de programas y servicios, como los de la negociación colectiva o la seguridad en el trabajo, acogidos a los famosos acuerdos. Tampoco hay cómputo de cuánto y de cómo se repartía. Algunas fuentes señalan más de 400 millones de euros en el sexto acuerdo de concertación (2005-2008), cuando todavía había presupuestos de vacas gordas, pero no es oficial.

Reacciones

A la pregunta de qué va a pasar con el sistema de interlocución, todos los agentes y los partidos defienden que siga, pero estos últimos coinciden que de otra manera. «La concertación no puede ser solo una forma de repartir dinero a manos llenas para taparle la boca a los agentes sociales», ha esgrimido José Luis Sanz, secretario general del PP andaluz. El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, opina que sigue siendo un instrumento útil, pero admite que el modelo hay que «repensarlo». El coordinador de IU CA, Antonio Maíllo, dice que es un «modelo agotado» y propone que se amplíe el número de agentes sociales, con la Confederación Empresarial de Empresarios de la Economía Social o cooperativas (CEPES), algo a lo que siempre se ha opuesto la CEA.

es el año del primero de los siete acuerdos de concertación. El último se firmó en 2009 y se comprometió a 351 medidas y movilizar 20.000 millones de euros.