El turismo residencial reivindica su peso y exige una reforma fiscal para atraer más inversores

Los empresarios de turismo residencial reivindican su peso en la industria turística, en la economía malagueña y en la marca Marbella y advierten a las administraciones de que es el momento de abordar con urgencia una reforma que rebaje la presión fiscal a la que se somete a quienes deciden invertir en el destino para quedarse a vivir. Insisten en que es preciso no dejar pasar este tren para introducir cambios en el sistema tributario ante la efervescencia del mercado y las normativas incentivadoras que ya aplican competidores directos como Portugal. Los expertos en fiscalidad instaron ayer a elaborar una reforma valiente e innovadora que sea un aliciente más para que los extranjeros compren casa en España. Estas son las principales conclusiones a las que llegaron ayer en el Palacio de Ferias de Marbella responsables de las principales asociaciones de este segmento junto a hacendistas y expertos tributarios en el foro 'Fiscalidad de Residentes Extranjeros y Turismo', organizado por SUR y Garrigues, en colaboración con la Asociación Provincial de Constructores y Promotores, la Asociación Nacional de Urbanizadores, la de Turismo Residencial y Deportivo (Promotur), Analistas Económicos de Andalucía y el grupo Sierra Blanca.

La jornada técnica estuvo dividida en dos bloques para abordar, primero, el impacto del turismo residencial en la sociedad y la economía y pasar por último a analizar el actual régimen fiscal español con los residentes extranjeros y compararlo con el de otros mercados competidores. La sesión arrancó con la fuerza de un informe con el que José Antonio Muñoz López, economista y miembro del equipo de Analistas Económicos de Andalucía, sorprendió a los asistentes con cifras de vértigo sobre la aportación clave del turismo residencial al PIB y al empleo en la Costa del Sol y en Andalucía. Porcentajes como que el consumo de los extranjeros residentes en Málaga representan el 14,4% del PIB y el 6,1% del empleo así lo avalan. Tras esta ponencia tomó el testigo el presidente de los Constructores y Promotores, José Prado, con una intervención muy reivindicativa en la que dejó claro el protagonismo del sector y la falta de conciencia de ello en las administraciones, advirtiendo de los beneficios de «favorecer la discriminación positiva en la fiscalidad de los extranjeros residentes».

Seguidamente, Ricardo Arranz, presidente de la Asociación Nacional de Urbanizadores y Turismo Residencial, analizó las fortalezas del destino, destacando que cuenta con unas infraestructuras de excepción, y también las debilidades, insistiendo en la necesidad de que las administraciones asuman que hay que hacer unas leyes más ágiles para que el mercado funcione en un momento en que hay un gran potencial en juego. «Tenemos que levantar la voz para que los gobernantes miren lo que están haciendo los demás países para copiarlo y dejar de poner en riesgo la competitividad del sector», dijo.

El empresario Pedro Rodríguez, presidente de Sierra Blanca, fue contundente: «Tenemos un destino deseable. Hemos construido las mejores infraestructuras que puede ofrecer ningún país europeo. Si hiciéramos las cosas bien a nivel de fiscalidad no tendríamos competidores. El Gobierno no puede dar la espalda a un sector que se ha demonizado por las acciones de cuatro o cinco que se han pasado de la raya».

El primer bloque de la jornada, moderado por Ana Barreales, jefa de área de Internet en SUR, terminó con un discurso autocrítico de Ramón Dávila, presidente de Promotur, sobre la asignatura pendiente del sector de saber comunicar a la sociedad la importancia del turismo residencial, que consideró un fenómeno casi exclusivo de la provincia de Málaga. «Hay que establecer una hoja de ruta ante las administraciones para conseguir una mayor sensibilidad sobre la urgencia de mejorar la fiscalidad a quienes nos eligen para invertir y para quedarse», apuntó.

Todos ellos coincidieron en las dificultades para explicar a los inversores la exigencia, desde 2012, para cualquier residente en España de declarar todos sus bienes en el extranjero, con fuertes sanciones si no se facilita esta información, defendida para perseguir el fraude pero que crea recelo entre quienes se disponen a invertir e incluso -como se puso de relieve en la jornada- provoca que otros se planteen salir de España. También insistieron en que tampoco la mentalidad del residente concibe la carga que representa el impuesto de Patrimonio, que no grava rentas obtenidas, o el de Sucesiones y Donaciones enormemente gravoso para el cónyuge y los familiares que heredan. Estos impuestos suponen verdaderos lastres para el futuro del turismo residencial ahora que la recuperación se abre paso y destinos competidores conquistan inversores hasta en mercados emergentes con la bandera de unas ventajas fiscales con las que España no puede competir.

Tras un breve receso, los expertos tributarios asumieron el protagonismo del foro con unas exposiciones marcadas por la claridad y el rigor técnico a pesar de lo árido del asunto. Moderado por José Vicente Astorga, adjunto a la dirección de SUR, Pedro Fernández, miembro del bufete Garrigues y experto en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional, destacó que este segmento atrae ahora a un inversor con un perfil muy diferente al de los jubilados ingleses y alemanes de hace años. «Internet y las importantes conexiones aéreas permiten atraer extranjeros que son profesionales que optan por residir aquí y de los que nos podemos enriquecer», señaló. Explicó que estos inversores no entienden que el Impuesto de Patrimonio se aplique sin mediar rentas generadas. Abogó por una tributación limitada para ciertos residentes. «Un reto importante sería la delimitación, positiva y negativa, de los afectados y el plazo de duración en el que podría acceder a este régimen», apeló.

El catedrático de Hacienda Pública de la UMA, José Manuel Domínguez, advirtió de que se ha desatado una total competencia fiscal para captar inversiones si bien precisó que la reforma es compleja y precisa del apoyo político y social. Constató que existen barreras tributarias que están haciendo perder competitividad a España en este sector.

Por último, Jesús Rodríguez, subdirector general de Estudios Tributarios en el Instituto de Estudios Fiscales, comparó el actual sistema español con los dos modelos más avanzados y que más incentivan la atracción de inversiones en residencias, como es el caso del Reino Unido y el de Portugal, el único que puede suponer una competencia directa a la Costa. Rodríguez explicó que la comisión creada por el Ministerio para abordar la reforma fiscal sacará en febrero un primer informe. Asimismo, consideró generoso el régimen para no residentes, pero apuntó la restricción de supeditar el gravamen único del 24% a un contrato de trabajo, en detrimento de inversores que desean solo residir y para lo que consideró que los expertos están muy pendientes a lo que están haciendo otros países. «Es el momento de una reforma fiscal con un planteamiento general que dé paso a un sistema armónico, a la vez que simple», añadió.