Hijos de las redes de trata

Los centros de acogida humanitaria que posee Cruz Roja en Andalucía para atención a los inmigrantes tienen una ubicación secreta. Se sabe que son cinco, en otras tantas provincias, pero hay un pacto para no buscarlos, ni desvelarlos. Se trata de preservar la seguridad de quienes allí se encuentran, como sucede con los pisos de mujeres maltratadas. Las mafias acechan a muchos de los que se refugian, en especial a mujeres y niños, víctimas de las redes de trata.

En estos lugares se libra una nueva lucha por los derechos humanos que revela hasta que punto es duro el drama de la inmigración, más allá de la terrible travesía a través de África, donde toda una expedición de casi un centenar de personas murió de sed recientemente; del acoso en Marruecos, donde la Policía causó la muerte a un joven subsahariano hace pocos días, o del arriesgado cruce del mar en una barca de juguete que desde hace 25 años se cobra millares de vidas en nuestras aguas.

Muchos de los niños que llegan a las costas andaluzas son 'hijos de las mafias', víctimas de las redes de trata, mercancía con la que comerciar. En los centros de acogida se teme que algún sicario llegue a buscarlos, alegando parentesco, y lo vuelva a introducir en el circuito. Hay mucho dinero en juego y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha indicado que son llevados a Europa para ser explotados en redes de pedofilia, mendicidad e incluso para tráfico de órganos.

Rosa Flores, responsable de lucha contra la trata de Cruz Roja, explica que los primeros casos comenzaron a detectarse en 2008: «Veíamos situaciones extrañas. Niños a cargo de personas que no eran sus familiares y que decían que la madre venía en otra patera, o que había llegado con anterioridad, mayores sin vínculos afectivos con los bebés, a los que apenas atendían. Eso nos hizo pensar que había algo más ahí».

Les costó romper la coraza de los adultos, víctimas a su vez de las redes de trata, pero pudieron recomponer poco a poco el escenario. «Para las mafias los niños son un fin en sí mismos, no les interesa su bienestar. ¿Dónde están los bebés cuando las madres pasan 14 horas al día en la calle, esclavizadas muchas veces en redes de prostitución? Hemos visto llegar a un niño de dos años con una mujer y poco después ya no está con ella, ¿qué ha sido de él? A veces aparecen en otros sitios».

Son «hijos de la red», afirma Rosa. «Usan a las mujeres y a los niños como mercancía. Si las mujeres dan a luz en el camino, el bebé se incorpora a la red y se usa para lo que les convenga a los mafiosos». Así, los niños pueden pasar con otras personas que no son sus padres, en la creencia de que les será más fácil quedarse en España.

Es lo que se llama 'niños ancla'. «No hay base jurídica para que sea así, pero si una mujer o un hombre llegan con un menor, dados que los CIES, los centros de internamiento, no están habilitados para alojar niños, se les lleva a otros centros y se suele atender a la circunstancia humanitaria para no devolver a un menor a un país del que no se sabe que es súbdito, de modo que se le deja estar y hay menos posibilidades de que se les deporte. No está escrito, pero ocurre».

A veces, los niños son robados en sus aldeas para utilizarlos en las tramas. «Un niño de cinco años puede tener un valor incalculable para una red de pederastia», dice Rosa Flores. Organizaciones marroquíes trabajan en localizar a las mujeres víctimas de trata para ayudarles a buscar a sus hijos que la red les quitó. Un reciente caso detectado por Europol parece demostrar que las redes de la trata se extienden por el continente.

Los niños sirven a los fines de las mafias de muchas formas. El reciente caso descubierto en Toledo, donde unos bebés nigerianos estaban retenidos en un zulo y drogados para que no molestaran, mientras sus madres eran obligadas a prostituirse, pone de relieve estas situaciones. Pero a la vez, el suceso hace concebir esperanza a la responsable de Cruz Roja: «Empieza a verse el fin de la explotación», afirma.

'Diplomacia humanitaria'

Para ello iniciaron ya en 2008 lo que llaman 'diplomacia humanitaria', con la Fiscalía, Menores, los Defensores del Pueblo, la Policía. Al mismo tiempo, Cruz Roja formaba equipos en sus centros de acogida en Andalucía y en los que posee en Ceuta y Melilla para detectar a los menores en poder de estas redes y darles una protección especial.

De momento, Rosa Flores se felicita del apoyo recibido. El protocolo que se ha establecido da sus primeros pasos y va salvando a niños de las redes. Según los datos del Defensor del Pueblo Andaluz en su reciente informe del Menor, se ha aplicado el protocolo en 36 casos y tres de estos niños han sido ya protegidos en Andalucía. Se trata de tres chiquillas, magrebíes, de entre 13 y 14 años, que en el último mes han podido ser librados de un destino terrible.

Lo primero que se ha hecho es identificar a los menores que llegan a las costas andaluzas. Hasta 2013 no quedaba rastro de ellos y desde abril, por recomendación del Defensor del Pueblo, se les registra, se les toman huellas y fotos y se vinculan a las personas con las que han llegado. Como su parentesco es incierto, porque en muchos casos han nacido durante el viaje, en bosques o desiertos, se hacen pruebas de ADN para que se pueda localizar a sus madres y se cruzan los datos entre los centros de acogida. Fin de esa «realidad invisibilizada» que denuncia la organización humanitaria.

Los expertos llaman la atención sobre que se trata de un problema humanitario, que merece un tratamiento especial, más que un asunto de Inmigración o Policía.

El protocolo es un trabajo de muchos: el Defensor del Pueblo del Estado, que lo ha liderado, y el Andaluz; la Fiscalía de Menores y la de Extranjeros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja, los Servicios de Protección de Menores de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

A la Junta de Andalucía le corresponde la tarea de protección de la infancia y le ha tocado resolver la mayor en este caso, puesto que los niños entran por las costas andaluzas, en especial por Motril, según el Defensor andaluz. La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Bienestar Social, María José Sánchez, explica que «nuestro modo de actuar es abordar cada caso de desprotección cuando se nos notifica ya sea por la Fiscalía o por las ONG que acogen a menores inmigrantes. Si esta información es avalada por la policía, se procede al desamparo provisional, pero si la información no es concluyente se inicia una información previa y se solicita a la policía más información. Ante casos de extranjeros no acompañados se declara siempre el desamparo y el ingreso en centro de protección de menores».

Además, se trabaja en «planificar y definir la intervención de cada agente implicado en el proceso de recepción, atención y acogida de personas inmigrantes, así como en la definición de una serie de indicadores que puedan servir para detectar los posibles casos de desatención, maltrato o trata de menores».

La consejera destaca la importancia de la participación de los ayuntamientos, que tienen encomendadas funciones de detección de menores en situación de desprotección.