Los 40.000 funcionarios de la Junta arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 35% desde 2010

Cuando María obtuvo su plaza como auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía jamás imaginó que ocho años después se vería con que no le salen las cuentas para llegar a fin de mes. Con su pareja en el paro y sin ningún tipo de ingreso, y una pequeña de 16 meses, el pago de la hipoteca se ha convertido en una losa cada vez más pesada, hasta el punto de que «más de una vez» ha tenido que pedir ayuda a sus padres para hacer frente a algún imprevisto. La situación de esta joven funcionaria no difiere mucho de la que están viviendo miles de familias malagueñas, pero viene a reflejar la realidad de un colectivo que siempre ha sido tachado de privilegiado pero que, en mayor o menor medida, tampoco vive ajeno a los recortes. «Aunque podamos llorar con un ojo por tener un puesto de trabajo, muchos no somos ni mileuristas», precisa esta empleada pública a la que la Junta de Andalucía va a mantener durante 2014 las medidas de ajuste que ya vienen soportando desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó en 2010 por primera vez la tijera a los empleados públicos. Entre los recortes aplicados en el ámbito estatal (rebaja salarial del 5%, supresión de la paga de Navidad de 2012, congelación del sueldo desde 2010) y las medidas adicionales aprobadas por el Ejecutivo autonómico (suspensión de gratificaciones extraordinarias, reducción del 10% de la productividad, eliminación de ayudas de acción social y recorte del complemento específico en dos pagas extras), los cerca de 40.000 funcionarios y empleados públicos que la Junta tiene en la provincia entre médicos, enfermeros, profesores, personal de los juzgados y de la propia estructura administrativa se han dejado por el camino en torno a un 35% del poder adquisitivo, incluida la subida media del 3% en las retenciones del IRPF que implantó el Ejecutivo central en 2012 para el conjunto de los españoles.

¿Cuánto supone todo esto en dinero? La cuantía puede distar un mundo en función de la categoría profesional y del peso que los complementos y otros conceptos variables tengan en la nómina. De este modo, la horquilla se sitúa entre los 2.000 euros anuales que ha dejado de ganar un auxiliar administrativo -el escalafón más bajo en la estructura orgánica- y los cerca de 15.000 en el caso de un facultativo de un hospital, pasando por los 4.000 de un empleado judicial del cuerpo de gestión procesal, los 5.500 de un trabajador social o los 8.000 de un profesor de instituto. Así lo apuntan los sindicatos específicos de cada sector, que ya se preparan dar batalla contra el nuevo recorte que les impondrá la Junta en 2014 en claro perjuicio respecto a los empleados de la Administración General del Estado, al mantenerse por tercer año la supresión del complemento autonómico de las pagas extras, que suponen un tercio de las extraordinarias que se abonan en junio y diciembre. Una pérdida media de unos 1.250 euros anuales para los trabajadores pero que, sólo en la provincia, reportarán a las arcas andaluzas un ahorro de unos 50 millones de euros (326 para el total de los 260.000 empleados autonómicos).

Primeras movilizaciones

Los primeros en abrir la veda de las movilizaciones fueron ayer los miembros de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), con una concentración a las puertas del Edificio Negro con el lema 'No a los recortes, no a la discriminación'. La primera acción de protesta, y no precisamente la última. «Vamos a usar todas nuestras armas legales a nuestro alcance contra este nuevo castigo para los trabajadores andaluces, que se suma a la pérdida de todas las ayudas sociales, la suspensión de las horas extraordinarias o la reducción de la productividad», afirmaba el portavoz del Sector Autonómico de CSIF-Málaga, Antonio Sánchez. «Hay mucha gente que lo está pasando mal, porque no estamos hablando de sueldos altos y venimos soportando ya demasiados recortes», precisó el presidente provincial del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), David Delgado, que también está preparando acciones de protesta.

En términos absolutos, la peor parte de los recortes se la llevan los 15.000 empleados del Servicio Andaluz de Salud, primero porque son el colectivo cuyas nóminas más dependen de pluses (nocturnidad, festivos, guardias,...), pero también porque el sector sanitario es el único donde se han implantado los contratos 'low cost', con un 25% menos de jornada y de sueldo. A modo de ejemplo, un celador con un contrata al 75% percibe poco más de 600 euros netos al mes.

En el caso de los médicos, las diferencias son evidentes. Sólo por la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales han dejado de percibir unos 3.000 euros que antes se pagaban como horas de continuidad asistencial y ahora se consideran ordinarias. El resto proceden de la merma en la productividad y otros conceptos (2.000 euros), las guardias (1.300), la paga extra de Navidad en 2012 (2.700), los complementos específicos (2.700), la carrera profesional (600) y otras medidas como el hecho de que las nóminas no se hayan actualizado al ritmo del IPC (9% desde 2010). «La situación es ya abusiva», denuncia el presidente del Sindicato Médico, Fermín Parrondo, quien asegura que «las retribuciones no son acordes a la responsabilidad que conlleva esta profesión, por mucho que un facultativo de un hospital pueda cobrar entre 50.000 o 60.000 euros brutos anuales».

Para los enfermeros (unos cinco mil), el mayor tijeretazo proviene de la rebaja del 10% en las retribuciones complementarias «ya que conceptos como la penosidad, los festivos y las guardias son el principal sustento en la nómina», se queja el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Eugenio Pérez.

Educación

El malestar es calcado entre los 17.000 empleados pertenecientes al ámbito de la enseñanza. Un profesor que lleve más de una década dando clases percibe a día de hoy unos 33.000 euros brutos anuales frente a los 41.000 de los años previos a la crisis. Una merma que se suma a medidas como la supresión del plus del Plan de Calidad para docentes que mejoran el rendimiento académico de sus alumnos y que supone unos cien euros mensuales, tal y como remarca Yolanda Gamero, responsable de Enseñanza Pública de CC OO.

En los juzgados se producen dos realidades paralelas. Mientras las nóminas de jueces, fiscales y secretarios judiciales se fijan en el Ministerio de Justicia, al colectivo que conforman los cuerpos generales (1.700 empleados) la Junta sí que le quita el equivalente a una paga. «A los que menos cobramos es a los que nos quitan los complementos específicos», apunta el portavoz del sindicato SPJ-USO, Adriano Moreno, quien a modo de reflexión lanza un aviso a navegantes: «Cuando empezaron los recortes al empleado público, la sociedad lo veía justificado, pero luego se trasladaron al sector privado. Si esto no para, no sé dónde vamos a llegar».