La Fiscalía se refuerza ante el auge de denuncias por injurias y amenazas en las redes sociales

En las redes sociales, una foto o un comentario pueden cambiar la vida de una persona. Son capaces de convertir a un hombre inocente en un peligroso pederasta que acecha a niños en los colegios, o arruinar la reputación de un joven desde el anonimato de un blog, un perfil de Twitter o una página de Facebook.

Si bien son una puerta al mundo, las redes sociales también dejan una ventana abierta de par en par a la intimidad. Su popularización entre los ciudadanos ha crecido paralela a los delitos contra el honor o la integridad moral. Las denuncias de amenazas o injurias en versión 2.0 se han disparado, hasta el punto de que la Fiscalía de Málaga ha tenido que pedir refuerzos para abordar la avalancha de casos que está recibiendo.

El fiscal del Servicio de Criminalidad Informática, Jacobo Fernández-Llebrez, y su homólogo en la Policía Nacional, el inspector Jesús Ortega, hablan de un auténtico «boom» de las denuncias. El representante del Ministerio Público asegura que las redes sociales acaparan ya el 75% de las 109 diligencias incoadas en Málaga por delitos informáticos.

El auge de este fenómeno es tal que ha llegado a desbordar el Servicio de Criminalidad Informática, lo que obligó a mediados del año pasado a reorganizar y repartir la carga de trabajo. «Ahora, cada fiscal lleva su caso y yo me encargo visar y coordinarlos todos y, en exclusiva, de los asuntos de pornografía infantil», aclara Jacobo Fernández-Llebrez.

El fiscal advierte del peligro que tienen las redes sociales por el efecto multiplicador del mensaje, ya sea por su contenido injurioso o, como en el caso del discapacitado acusado sin fundamento de ser un pederasta, por tratarse de un bulo. «La gente no se da cuenta de que lo escrito queda para siempre. El problema es que, cuando se empieza a reenviar o a 'retuitear', no se sabe dónde puede acabar la cadena», explica el representante del Ministerio Público.

Perfiles

El perfil del infractor no responde al de un ciberdelincuente. Fernández-Llebrez apunta: «La mayoría de los acusados reconocen los hechos y se conforman con la pena; lo primero que te dicen es que no eran conscientes de la gravedad de lo que han hecho». El jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la policía en Málaga afirma que aún existe cierta «incultura» en la sociedad en el manejo de las redes. «Deben darse cuenta de que esto va más allá de la simple travesura», apostilla el inspector Ortega. «Las condenas son cada vez mayores -prosigue-; hay padres que llegan a pagar multas de tres o seis mil euros por algo que han colgado sus hijos».

Cada red tiene su propia casuística. El jefe del grupo de investigación resume la tipología de las infracciones: «En WhatsApp se están produciendo cadenas que provocan alarma social. Generalmente, son bulos. En cambio, en Twitter están más relacionados con comentarios políticos, o con la creación de perfiles para difundir falsas noticias o insultar».

Según Ortega, en Tuenti los protagonistas suelen ser menores que, por ejemplo, crean perfiles falsos con la foto de un compañero de clase al que quieran humillar, por lo que a veces se dan situaciones de auténtico acoso. La precocidad es una de las notas dominantes. Recientemente, se denunció el robo de las claves de la cuenta a una niña de muy corta edad para injuriar a profesores y alumnos.

En Facebook, cuyos usuarios suelen ser adultos, los casos más comunes son amenazas entre exparejas, insultos o la publicación de datos personales como venganza. «Hace poco, una mujer denunció que alguien había colgado un mensaje haciéndose pasar por ella con el mensaje de 'Busco chico', y publicó su número de móvil. No paraba de recibir llamadas». La tasa de esclarecimiento suele rondar el 100%, ya que en la mayoría de los casos basta con bucear en el entorno de la víctima para encontrar al autor.

Al margen de que sea delito, la exposición de la imagen de una persona en Internet también puede constituir una infracción administrativa. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) confirma que ha registrado un incremento de denuncias, así como de solicitudes de ciudadanos que recurren a este organismo para que elimine la foto que alguien ha colgado sin su consentimiento.

Según fuentes de la AEPD, las sanciones por infracciones leves -en las que podría enmarcarse la difusión en redes sociales o en portales de vídeo en Internet- oscilan entre 900 y 40.000 euros. No obstante, en muchos casos se hace un primer apercibimiento y, si hay reincidencia, se impone una multa.