Paralizan la expulsión de una transexual por ser víctima de malos tratos y denunciar una estafa

La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha suspendido cautelarmente la expulsión de una joven transexual brasileña por haber sido víctima de malos tratos y colaborar activamente como denunciante en la investigación de una trama que estafaba, presuntamente, a extranjeros con la obtención de permisos de residencia. La decisión atiende la petición realizada por los responsables de las fiscalías de extranjería y violencia de género de Málaga que en sendos escritos informaron a la Subdelegación del Gobierno de la conducta de la joven, a la que consideran «merecedora del permiso de residencia por razones legales y humanitarias».

El abogado del Estado, en representación de la Subdelegación del Gobierno, mostró su conformidad a la paralización cautelar de la expulsión durante la vista celebrada el pasado día 13 en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de la capital, aunque no obstante pidió al juez que se le impusiera una multa pecuniaria.

Roberta Lima Braga tiene 30 años, de los que lleva casi siete en España, adonde llegó desde Brasil en busca de un futuro mejor y en un país que le permitiera vivir con cierta normalidad su identidad sexual. «En mi país no se nos respeta. Además hay mucha violencia; cada día se producen tres o cuatro ataques a transexuales», explica. Pero la vida en España tampoco fue fácil para Roberta.

También ella sufrió la violencia, que vino de la pareja que tenía entonces, un hombre, al igual que ella, de nacionalidad brasileña. En mayo de 2009 el hombre fue condenado por un juzgado de Madrid por maltratarla a una pena de cinco años de cárcel. Roberta no fue considerada entonces una víctima de género, sino de violencia familiar ya que por aquellas fechas la Fiscalía no había dado aún a los transexuales no registrados legalmente, como en el caso de Roberta, la consideración de víctimas de violencia de género.

Vía de arraigo

Un año después, a principios de 2010, Roberta intentó regularizar su situación en España por la vía del arraigo. Un amigo le indicó que acudiera a un abogado de Fuengirola que le ayudaría a conseguir el permiso de residencia. Ella confió y contrató sus servicios por los que le pagó en total 2.700 euros. Pasado un tiempo sin tener noticias de su documentación, Roberta consultó en Internet el estado de tramitación de su expediente, del que el abogado le entregó un resguardo de solicitud de residencia sellado, y descubrió que no existía nada a su nombre. Tras contactar con una letrada de Marbella confirmó la sospechas de que había sido víctima de una presunta estafa: el sello que aparecía en el resguardo que le entregó el supuesto abogado -que resultó no serlo- no se correspondía con el utilizado por la sección de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno. Descubrió además que pesaba sobre ella una orden de expulsión desde septiembre de 2010. Roberta entonces denunció los hechos.

Sus abogadas, Silvia Rodríguez y Carla Checa, presentaron una querella por supuesta estafa, falsedad documental e intrusismo. La investigación se puso en marcha y la Guardia Civil arrestó al falso abogado, de origen argentino, y a otro hombre de nacionalidad española. Además de Roberta, al menos otras cuatro inmigrantes más fueron también víctimas de la presunta estafa.

Roberta está feliz por la paralización de su expulsión y confía en que finalmente sus abogadas puedan conseguirle el permiso de residencia definitivo. Ahora tiene otra pareja con la que convive y su sueño es poder montar una peluquería en Madrid.