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FRANCISCO JIMÉNEZ pjimenez@diariosur.es
Viernes, 22 de febrero 2013, 22:22
La Ronda Este empezó a gestarse en 1986, las expropiaciones para obtener los terrenos para su construcción arrancaron en 1990 y los primeros vehículos en circular por el asfalto lo hicieron en 2003. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la autovía sigue a día de hoy causándole quebraderos de cabeza al Ayuntamiento de Málaga en forma de sentencias judiciales que le obligan a pagar cantidades millonarias por unas fincas que fueron adquiridas por un precio infinitamente inferior al estipulado inicialmente. Si la Gerencia Municipal de Urbanismo tendrá que abonar 3,9 millones de euros a los propietarios de una parcela situada junto al arroyo Quintana (entre Ciudad Jardín y Los Montes) en cumplimiento de un fallo del Tribunal Supremo, la administración local también está pendiente de que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el recurso de casación presentado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que valora unos terrenos situados junto al túnel de Cerrado de Calderón en 1,3 millones frente a los 68.000 que pagó el Consistorio. Un montante al que hay que sumarle otros 1,7 millones en concepto de intereses generados desde 1990, partida que ya está reservada de forma preventiva.
En ambos casos, el motivo es el mismo: el juez entiende que esta pastilla de 56.338 metros cuadrados no es rústica como planteaba el Ayuntamiento, sino urbanizable al aplicársele la doctrina establecida sobre sistemas generales que crean ciudad; es decir, que el juez en cuestión considera que la autovía forma parte del entramado urbano. Un criterio que contrasta con el de otros dos pronunciamientos en los que los tribunales acabaron dando la razón al Consistorio: una parcela en Monte Dorado junto a la salida de la Ronda hacia Parque del Sur, y otra a la altura del falso túnel de San José. Además, hay un último contencioso iniciado por los dueños de una pequeña parcela de 264 metros en Los Lagares (Los Montes) que está pendiente de la resolución del TSJA.
Sobrecoste
En cualquier caso, lo cierto es que al margen de interpretaciones judiciales, las consecuencias de la mala valoración de los terrenos realizada entonces es evidente. No en vano, a expensas de los dos últimos litigios que quedan abiertos, las expropiaciones ascienden ya a 13,9 millones de euros, casi el triple de los cinco que se estimaron cuando se puso en marcha el proceso. De momento, son dos las sentencias firmes que han encarecido la actuación en 5,4 millones. El resto del montante procede de acuerdos alcanzados con propietarios antes de llegar a la vía judicial, además de correcciones y ajustes de superficie acometidas de oficio por la propia Gerencia.
A la hora de buscar responsables, en el equipo de gobierno del PP lo tienen claro. «El Ayuntamiento está pagando ahora la mala gestión del PSOE», afirmó el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, recalcando que las expropiaciones se llevaron a cabo durante el mandato del socialista Pedro Aparicio. Aunque más allá de lo acertados o equivocados que estuvieran hace 23 años en la valoración de las 156 fincas afectadas por las obras de la Ronda Este, el reproche de los mandatarios actuales radica en el convenio firmado en 1986 con el Ministerio de Obras Públicas (MOPU) en virtud del cual le correspondía al Consistorio la obtención de los terrenos. «Somos incapaces de explicarnos cómo se llegó a suscribir ese acuerdo, sobre todo cuando el resto de las rondas que se construyeron en el país las asumió íntegramente el Estado», destacó el edil.
La respuesta la aportó a este periódico el que fuera concejal de Urbanismo entre 1991 y 1993, Hilario López Luna: «Nunca estuvimos de acuerdo con este convenio, pero era una exigencia del Gobierno que teníamos que cumplir para que se hiciera la autovía. No hay otra razón más allá de que o se firmaba o no se hacía».
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