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ESTEPONA

El secretario adjunto municipal de Estepona, alejado de su puesto dos meses más

Sobre el funcionario pesan sendos expedientes disciplinarios por presuntas amenazas y otras faltas

SELENE VEGA

Lunes, 11 de febrero 2013, 02:31

El secretario adjunto del Ayuntamiento -sobre el que pesan sendos expedientes disciplinarios por presuntas amenazas y otras faltas relacionadas con sus funciones- se mantendrá alejado de su puesto de trabajo aproximadamente dos meses más.

Según un decreto firmado por el alcalde, José María García Urbano, y al que ha tenido acceso este periódico, se ha decidido prorrogar por este periodo la «medida cautelar de suspensión provisional de funciones». Estos dos meses se sumarán a los cuatro que está cumpliendo por un dictámen del pasado 11 de octubre.

De esta manera, estará privado de sus tareas durante un total de seis meses, computándose el nuevo plazo a partir del próximo 18 de febrero.

En definitiva, no podrá volver al trabajo, al menos, hasta el 18 de abril, tras el «periodo máximo contemplado en el artículo 98.3 del Estatuto Básico del Empleado Público» para estos casos.

Según se explica en el decreto, que data del pasado 22 de enero, el empleado podría recurrir la decisión por las vías administrativa y judicial. Se le acusa de infracciones «graves o muy graves».

El Consistorio alega que tomó la decisión de expedientarlo por la actuación «obstaculizadora» del citado funcionario, la negativa «sistemática» a recibir documentación remitida por la Alcaldía-Presidencia, su ausencia «injustificada en varias ocasiones» a su puesto de trabajo y por «gravísimas» declaraciones realizadas en los medios de comunicación.

El secretario adjunto también se vio envuelto en una polémica con dos concejales. Según un decreto de Alcaldía del pasado 30 de agosto, dos ediles del PP indicaron que el funcionario se dirigió a ellos «de forma agresiva y amenazante», y «en presencia de testigos y en la vía pública», lo que la ley tipifica como «falta leve», según se expuso.

El pasado mes de abril la Junta de Andalucía archivó una denuncia que había puesto este empleado por presuntas irregularidades cometidas en el Consistorio con las que aseguraba que se le negaba información y que le impedía desempeñar sus labores.

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