El PSOE, el PP y empresarios sugieren un consenso sobre el decreto urbanístico en Estepona

El nuevo decreto urbanístico de la Junta de Andalucía que regulará las construcciones en el litoral andaluz sigue provocando reacciones entre los distintos partidos políticos y los empresarios, que parecen coincidir en que la respuesta a la posible suspensión de proyectos en la zona pasaría por un acercamiento de posturas y la búsqueda de un acuerdo.

Por ejemplo, el portavoz del grupo local del PSOE, David Valadez, mantuvo el pasado martes una reunión con el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, para discutir sobre la repercusión que tendrá sobre Estepona la normativa. Según indicó ayer Valadez, el cabeza visible de la Administración autonómica comunicó que la misma está «abierta al diálogo» sobre la incidencia que tendría en los proyectos afectados, como podría ser el de la Casa Real Saudí. De esta manera, el portavoz socialista expresó que el PSOE apuesta por un desarrollo urbanístico «sostenible, racional y riguroso».

Dijo que el objetivo es «desterrar de una vez por todas el crecimiento desequilibrado que propició la especulación urbanística, que definitivamente ha fracasado por la crisis, y propiciar que los municipios del litoral andaluz dispongan de las herramientas adecuadas para crecer de manera coherente y respetuosa».

Así, opinó que las medidas aprobadas por la Junta «en ningún caso limitan el desarrollo económico de los municipios», sino que «ponen en sus manos las herramientas adecuadas para ordenar su crecimiento urbano y apostar por un desarrollo económico sostenible».

El decreto dejaría en suspenso el proyecto del centro comercial. Sus promotores indicaron a SUR que quieren seguir adelante y que confían en que el Ayuntamiento busque el acuerdo con la Junta.

Dejarlo en suspenso

Precisamente el alcalde de Estepona, José María García Urbano, pidió el pasado martes a la Diputación Provincial de Málaga que solicite a la Junta que consensúe el nuevo decreto. Durante su intervención en la Tribuna de Alcaldes, el regidor señaló las «consecuencias negativas» que tendría su aplicación total e inmediata y consideró «prudente» que quede en suspenso a la espera de que se «acerquen los puntos de vista de las distintas partes que se verán afectadas». Consideró que no es «difícil» que los actores y operadores sociales, jurídicos, económicos y políticos dialoguen y se pongan de acuerdo en los métodos e instrumentos jurídicos.